Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Como una medida emergente para la competencia ilegal que representan las plataformas de hospedaje Airbnb, Homeaway, Flipkey, Homestay y Housetrip que operan en los destinos turísticos de Mahahual, Bacalar y Chetumal, la Presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, Deborah Angulo Villanueva, consideró urgente que las autoridades municipales se aboque a la regulación no sólo en materia de recaudación sino de seguridad de estas nuevas formas de hospedaje
Al retornar del Congreso Vitrina Turística de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, realizado en Colombia, dijo que el tema de las plataformas que ofrecen hospedajes fue uno de los temas abordados como competencia para la hotelería formal en los destinos turísticos.
Dijo que insistirán, así como lo han hecho prestadores de servicios de hotelería de Cancún y Bacalar, para que las autoridades municipales del municipio capitalino, Bacalar y Carrillo Puerto, apliquen medidas que obliguen a estos prestadores de servicios a cumplir con las normas sanitarias y de seguridad.
Afirmó que hospedarse en casas particulares con la finalidad de convivir en forma más cercana con la comunidad es una tendencia mundial que se ha generalizado y, más que oponernos, estamos convencidos que es necesario que se incorporen a la economía formal con la finalidad de que aporten impuestos y seguridad a sus huéspedes, precisó.
Ante esta tendencia, “los hoteles tradicionales estamos trabajando para ofrecerles a nuestros huéspedes alternativas complementarias.”
Reiteró la necesidad de que paguen sus impuestos quienes reciben un ingreso por hospedaje y que trabajen ofreciendo un marco de seguridad a los huéspedes. Angulo Villanueva confirmó que en el caso de Chetumal se ha registrado un aumento considerable en este tipo de servicio de hospedaje brindado a través de las plataformas digitales.
“La competencia es ilegal porque no cubren impuestos ni cumplen con las regulaciones en materia de seguridad, ni en la relación laboral de las personas que trabajan en esas casas o departamentos; definitivamente, es complicado, pero por eso mismo la autoridad municipal, en primera instancia, tiene que intervenir de una forma más firme y con respaldo legal.” (Noticaribe)
