CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Sancionar a los electores mexicanos que no acuden a votar podría desactivar las estructuras clientelares de los partidos políticos y desincentivar los desvíos de recursos para fines electorales, opinó hoy el consultor y expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, al aseverar que “no es lo mismo comprar votos con una participación del 45% que en una elección donde vota el 85% del padrón electoral”; según lo publicado por la revista Proceso.
Lo hizo durante la presentación del informe “Dinero bajo la mesa”, que publicaron hoy Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultoría Integralia, el cual retrata la dimensión –conservadora– del financiamiento y el gasto ilegales en las campañas, que rebasarán “varias veces” los 11 mil 800 millones de pesos que los mexicanos entregarán a los partidos políticos este año.
Las estructuras paralelas y dobles contabilidades de los partidos políticos se nutren principalmente del desvío de fondos públicos, entre ellos los 247 mil millones de pesos de la Federación que las entidades federativas malversaron entre 2012 y 2016, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Para lavar estas cantidades millonarias e inyectarlas a las campañas políticas, los gobiernos suelen usar un abanico de estrategias complejas, que involucran entre otros el uso de facturas simuladas y empresas fantasmas, el cobro de servicios en efectivo, el otorgamiento de contratos públicos con sobrecostos, las subcontrataciones forzosas –en el caso conocido como la Estafa Maestra, por ejemplo–, los descuentos de nómina, los permisos de construcción y ambulantaje, o los casos más “comunes” de los desvíos de programas sociales.
El amplio documento, elaborado con base en datos públicos y más de 60 entrevistas a diversos actores del sector político –entre ellos, uno afirmó que “las elecciones se ganan con dinero”–, muestra que, por cada peso reportado en los gastos promedios de una campaña para gobernador, los partidos gastan 15 más “en lo oscurito”, y en efectivo, lo que le hace prácticamente imposible de rastrear.
Despilfarro sin freno
También exhibe que los partidos suelen rebasar hasta 11 veces los topes legales permitidos para campañas, y revela que, durante los comicios del 2012 y de 2015, el flujo de liquidez creció 33 mil millones de pesos (5%) en promedio en el país, sin que el Banco de México tenga una explicación racional.
En mayo y junio de 2017, mientras el resultado de las elecciones del Estado de México quedaba muy incierto y el PRI tenía el riesgo de perder su bastión histórico, la cantidad de retiros de efectivo se disparó en un 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, 393 millones de pesos adicionales fluyeron en la economía mexiquense.
“No podemos afirmar con certeza que este dinero va a las campañas, pero es un dato por lo menos curioso”, subrayó la académica María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de MCCI y coautora del informe.
Ugalde insistió por su parte en afirmar que el uso ilegal de dinero en campañas “es sistémico” y es empleado por cualquier partido mexicano que tenga acceso a recursos públicos. “Adjudicarlo a un partido sería incorrecto”, sostuvo.
“Una regla simple para estimar los recursos para ser competitivo en una elección de gobernador es multiplicar el número de votos rurales por 500 pesos y el de urbanos por mil pesos”, planteó el documento.
Si bien resulta difícil determinar el destino del gasto ilegal, parte del efectivo desviado sirve para alimentar las estructuras que promueven el voto y operan políticamente a favor de quién les inyecta recursos.
“Las estructuras clientelares son mercenarios”, subrayó Ugalde, al agregar que “el gran problema de este país es que todo está sentado en el clientelismo”.
El clientelismo, abundó el documento, ocurre cuando operadores electorales compran, mediante dádivas o regalos, “una intención de voto” –y no el voto como tal, pues es supuestamente secreto–, pero también cuando movilizan votantes e inhiben a los electores a acudir a las urnas.
Según el informe, cada pieza de las estructuras clientelares representa un costo para los partidos que los utilicen: desde mil 500 pesos para un promotor de colonia hasta 50 mil pesos para un coordinador regional; a ello, se deben añadir los mil 150 pesos que se otorgan a los representantes de casilla y los mil pesos para los abogados electorales.
El documento estimó que una estructura costaba alrededor de 55 millones de pesos en un pequeño estado durante las elecciones de 2017, y hasta 450 millones de pesos en un estado grande, como el Estado de México, la Ciudad de México o Jalisco.
Para financiar sus “dobles contabilidades” y estructuras políticas, los partidos y candidatos también suelen recibir fondos y servicios gratuitos de empresarios –con distintos niveles de intermediarios y empresas fantasma de por medio–, a los que atribuyen contratos de obra pública una vez en el poder, en un círculo vicioso.
Durante las elecciones, los gobiernos también suelen disparar los gastos de comunicación social de manera discrecional e invierten los fondos en publicidad oficial a los medios de comunicación –con ello pagan una cobertura informativa favorable–, en encuestas tergiversadas y en contrataciones de estrategas políticos.
Ante estos datos, queda en ridículo la reforma electoral de 2014, que plantea la anulación de las elecciones cuando un partido rebase en un 5% su gasto permitido de campaña, cuando compre cobertura informativa fuera de la ley o cuando reciba recursos públicos o de procedencia ilícita.
Sin embargo, según Ugalde, a la par de que creció la competencia entre partidos políticos se disparó el gasto ilegal, hasta que el sistema llegó al borde del colapso. “Para los partidos y los candidatos, este sistema salió de control y es insostenible”, sostuvo.
La fiscalización es otro problema central en los mecanismos de gastos ilegales de campaña, pues resulta “insuficiente y en ocasiones incluso irrelevante para combatir el enorme problema del fondeo”, subraya el informe.
Precisa: el INE no cuenta con los recursos humanos y tecnológicos suficientes para investigar la “doble contabilidad” y los flujos de efectivo que manejan los partidos políticos, y tiene apenas 10 días para detectar y señalar, entre 80 y 120 mil operaciones, todas las irregularidades en la información reportada por los candidatos.
Aun así, en las campañas de 2017 el INE descubrió gastos no reportados por 276 millones de pesos, equivalentes al 26.5% del gasto total, que fueron erogados en “operativos de la campaña”.
En el Estado de México, por ejemplo, el actual gobernador priista Alfredo Del Mazo Maza omitió reportar 51 millones de pesos –el 30.5% de su gasto–, Josefina Vázquez Mota, la candidata de Morena, fue omisa respecto a 52.7 millones de pesos mientras que el candidato perredista Juan Zepeda no declaró 47 millones de pesos.
Ley electoral: multas “rentables”
Por si fuera poco, los partidos políticos pueden infringir la ley con cierta tranquilidad, pues “las multas son rentables” y pocos delitos se castigan con cárcel. La académica subrayó que, en los últimos 18 años, los partidos apenas pagaron en multas el 3.6% del dinero público que recibieron del erario.
Según el documento, el PRI resultó el más multado entre 2016 y 2017 –pagó cerca de 21% de las sanciones totales–, seguido por Morena –19.42%–, el PAN –18.36%–, el PRD –14.97%– y el PT –7.84%–.
Para las elecciones de 2018, el Estado de México, Tamaulipas y Sonora, tres entidades gobernadas por el PRI, determinaron los mayores topes de gasto del país: 300 millones, 112 millones y 104 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, al comparar estas cifras con el padrón electoral estatal, los autores del informe se percataron que, si bien el costo promedio permitido a los partidos por votante se eleva a 21 pesos, en Sonora, Baja California Sur, Querétaro y Tamaulipas rebasa los 40 pesos. (Fuente: Proceso)
