CHIAPAS, MX.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que documentó la “ejecución” de Carlos Humberto Mendoza de los Santos, por parte de militares, ocurrida el 16 de mayo en Macuspana, Tabasco; publicó La Jornada.
En un comunicado dijo que “militares al mando del comandante Armando García Triana, dispararon arbitrariamente en contra del civil desarmado Carlos Humberto, a quien posteriormente criminalizaron y estigmatizaron”, al asegurar que era un “sicario”.
Agregó que “son responsables directos de la ejecución extrajudicial 22 integrantes del 18 Regimiento de Caballería Motorizada, perteneciente al destacamento del Ejército Mexicano, ubicado en el ejido Medellín, municipio de Catazajá, Chiapas, de la 38 Zona Militar 1, con sede en Tenosique, Tabasco”.
Señaló que Carlos Humberto, originario de Palenque, de oficio carpintero, tenía 32 años y era padre de dos niñas de 11 y 4 años de edad; junto con su familia, pertenecía a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC), conformada por comunidades choles, tseltales y mestizas que se dedican a la defensa de su territorio.
Lidia Jiménez Antonio, explicó que su esposo Carlos Humberto Mendoza de los Santos, “asesinado el 16 mayo pasado por militares, salió ese día a las 18:30 horas de su casa a Villahermosa, a comprar una pieza para el vehículo. En el camino pasó al ejido Celia para que le dieran un presupuesto para el mantenimiento de unas puertas porque era carpintero. Desde las 20:00 horas, tiempo local, le marqué y el teléfono manda a buzón. Insistí mucho y no regresaba la llamada, hasta que a las 23:00 horas me avisaron que habían visto su carro a la orilla de la carretera, rodeado de militares”.
En rueda de prensa manifestó que junto con algunos familiares se dirigió al lugar y “al llegar vi su carro estrellado en el cerro con los cristales despedazados. Una persona que estaba al lado me dijo que el conductor estaba muerto. Preguntamos a los militares qué había pasado y dijeron que no podían decirnos nada. Uno de ellos me apuntó con un arma amenazante. Fuimos al Servicio Médico Forense de Macuspana a reconocer el cuerpo de Carlos Humberto. Cuando llegué a la fiscalía, estaba rodeada de militares”.
Continuó: “Entré y encontré el cuerpo de mi esposo en posición de manejo y muy rígido. Al salir, los militares seguían ahí y les reclamé que me habían dejado sin mi esposo y a dos niños esperando a su papá, que la justicia de Dios es divina y que, así como ellos nos dejaron sin él, sus familiares se quedarían así algún día, esperándolos”.
Originaria del ejido Lacanjá, municipio de Ocosingo, Jiménez Antonio comentó que a uno de miliares “se le escurrieron las lágrimas”, al tiempo de subrayar: “Mi esposo era una persona humilde, tranquila y trabajadora, toda la comunidad lo conocía y respetaba. Era carpintero”.
Exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que castigue a los militares responsables del “asesinato” de su esposo, y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que “repare los daños ocasionados a la familia”, pues los militares “dijeron que habían asesinado a un sicario”.
Remarcó: “Mi esposo no era sicario; era carpintero”, por lo que exigió que el crimen “no quede impune”.
El Frayba informó que “el pasado 30 de julio, 16 militares que se transportaban en dos vehículos de la Sedena, notificaron a Lidia en su domicilio, que tiene 10 días para entregar pruebas a la jurisdicción castrense para que los militares sean sancionados administrativamente. Lo anterior forma parte de actos de hostigamiento, intimidación y vigilancia en contra de la familia de Carlos Humberto, quienes temen por su vida, integridad y seguridad personal”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López manifestó su “preocupación porque, a cuatro meses de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto, la PGR no tiene avances sustantivos para señalar y sancionar a los responsables”, por lo que la exhortó “a que garantice una debida diligencia en la investigación con acciones suficientes y necesarias para evitar que esta ejecución extrajudicial cuya responsabilidad es del Ejército mexicano, no quede en la impunidad”. (Fuente: La Jornada)
