CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En respuesta a la denuncia presentada por “posibles hechos de corrupción” en el caso de la sentencia dictada al exgobernador veracruzano Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) notificó a Tojil Estrategia contra la Impunidad que ha dado inicio “a los actos de investigación necesarios”, publicó Proceso.
De igual manera, solicitó a la asociación civil que acredite su calidad de víctima dentro del procedimiento penal conforme a la Ley de Víctimas, y la citó para el próximo 12 de octubre.
En un comunicado, Tojil precisó que la PGR le informó del inicio de la investigación por los posibles delitos de cohecho y contra la administración de justicia en contra de los servidores públicos involucrados dentro del procedimiento abreviado en el que fue condenado Duarte.
Destacó que en caso de que se le reconozca la calidad de víctima dentro del procedimiento penal, ya sea por el Ministerio Público federal o por un juez, “generará un gran precedente en materia de transparencia y acceso a la justicia en los casos vinculados a corrupción en México”.
Las implicaciones de ello, abundó, serían que, en caso de serle reconocido este carácter como “representante colectivo de los intereses de la sociedad” en los delitos de corrupción, podrán tener acceso a todo el expediente de investigación e incluso solicitar que se realicen actos de investigación como coadyuvante del Ministerio Público y así evitar negligencias o irregularidades.
Se espera que esta investigación iniciada con motivo de la denuncia, que cuenta con el respaldo de otras organizaciones como Reinserta, Elementa México, el Instituto de Justicia Procesal Penal y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, aclare lo sucedido al respecto “en el indignante caso” de Javier Duarte y, de ser así, se sancione a los responsables, puntualizaron Estefanía Medina y Adriana Greaves, directoras de Tojil.
El pasado lunes 1, la organización presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra Javier Duarte de Ochoa, quien el pasado 26 de septiembre recibió una pena de nueve años de prisión tras declararse culpable de dirigir una organización criminal que operó en al menos tres estados y a través de la cual se desviaron millones de recursos públicos.
Tojil calificó la sentencia como “desproporcional” y señaló “discrepancias entre las acusaciones de la investigación”, por lo que solicitó que el caso se analice minuciosamente y se determinen las irregularidades penales o administrativas que pudieran haberse cometido “por acción u omisión de los servidores públicos a cargo de la investigación”.
De acuerdo con la denuncia, esas posibles irregularidades en el proceso, así como la sentencia impuesta, derivan de las deficiencias operativas de la misma Procuraduría, y no de las reglas que el sistema penal acusatorio posee, tal como algunos detractores han señalado.
“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta completamente desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, destaca la denuncia penal. (Fuente: Proceso)
