CAMPECHE, MX.- Trabajadores agremiados al Sindicato de los Tres Poderes iniciaron este martes un plantón por tiempo indefinido en el palacio municipal, para exigir al nuevo alcalde panista, Eliseo Fernández Montúfar, la destitución de José Ángel Pérez Herrera como subdirector del rastro.
Una de las primeras acciones del alcalde, quien entró en funciones el pasado lunes 1, fue cerrar temporalmente el rastro municipal para reacondicionarlo, y la instrucción fue ejecutada por Pérez Herrera, publicó Proceso.
La medida fue la excusa perfecta para que el sindicato priista se lanzara contra Fernández Montúfar, quien ya hizo pública su aspiración a la gubernatura.
Desde las 8 de la mañana, encabezados por su líder Manuel Bonilla, decenas de integrantes de uno de los gremios que tiene el ayuntamiento de Campeche marcharon desde la sede estatal del Sindicato de los Tres Poderes hasta el palacio municipal, donde se plantaron para exigir que el alcalde saliera a “dar la cara”.
Fernández Montúfar se asomó a las puertas del inmueble, ubicado en pleno centro de la ciudad, frente a los palacios de gobierno y legislativo, para decirles “de frente (a los manifestantes) que el rastro continuará cerrado para su rehabilitación”.
De igual manera, recordó su compromiso de “invertir adecuadamente cada peso de los contribuyentes”, además de garantizar que respetará los derechos contractuales de los trabajadores con base, y los conminó a sumarse a su proyecto de gobierno, el “del cambio”, dijo.
Y lanzó: “Tienen que trabajar, y se los digo como administrador del dinero de los campechanos, no voy a permitir que se paguen salarios con dinero de la gente de Campeche para gente que no trabaje. Si antes las cosas se hacían distinto, esto ya cambió”.
Tras manifestar su respaldo al nuevo subdirector del rastro municipal, el mandatario estatal dijo que no hay argumento sustentado para destituirlo del cargo, y aclaró que todas las acciones que se emprendan en ese lugar serán bajo su instrucción.
Luego preguntó a los trabajadores porqué protestan hasta ahora por acciones que servirán para mejorar su situación laboral, cuando han trabajado en condiciones insalubres 28 años.
“Vamos a trabajar, yo voy a trabajar más que todos ustedes, me comprometo a ponerles el ejemplo. Vamos a trabajar y vamos a mejorar las condiciones del rastro, que es sumamente importante, y saben en qué condiciones han trabajado en ese rastro”, puntualizó.
Convencidos con las palabras del alcalde, algunos de los manifestantes le aplaudieron, pero su líder, Manuel Bonilla, los reprendió.
Este manifestó que sus demandas no estaban satisfechas y dijo que pidieron a su líder estatal, José del Carmen Urueta Moa, refuerzos que llegarían de otras regiones del estado para sumarse a la protesta.
Seguidores del munícipe acusaron al gobierno estatal de estar detrás de la manifestación de sindicalizados, quienes por cierto fueron uniformados a la protesta, y la circulación vehicular en la calle 8 del centro quedó estrangulada.
A diferencia de otras manifestaciones que el gobierno estatal ha disuelto mediante la fuerza pública y el encarcelamiento de sus dirigentes, ésta fue cuidada por la policía.
Ayer, Bonilla denunció supuestas amenazas que atribuyó al alcalde, y en redes sociales circularon advertencias de que Fernández Montúfar había reclutado grupos de choque para hacer frente al plantón de los sindicalizados. Las acusaciones resultaron falsas.
Hace tres años, en una estrategia similar, el gobierno estatal movilizó a su sindicato de burócratas para hostigar al entonces alcalde de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, también panista, contra quien el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas tiene un conflicto personal.
En aquella ocasión, sindicalizados de todos los rincones del estado fueron acarreados por el extinto Juan Carlos González (asesinado semanas después) para “secuestrar” durante 24 horas la sede del ayuntamiento carmelita, donde se encontraban cientos de personas a las que privaron de agua, alimentos, energía eléctrica y hasta medicamentos.
La situación costó al gobierno del estado, al Congreso local y al ayuntamiento recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Fuente: Proceso)
