CIUDAD DE MÉXICO.- Haciendo uso de la Tribuna, la Senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, y el grupo parlamentario de Morena exhortaron al actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a revocar los decretos en los que se suprimen zonas de veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.
Recordó que el pasado seis de junio fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 10 decretos y que las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Pánuco, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande, San Fernando Soto la Marina, Santiago, Actopan-Antigua, Costa de Jalisco y Ameca.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó un documento que identifica algunos aspectos problemáticos con este decreto, de manera específica, destaca los siguientes:
- Hay áreas de oportunidad en los estudios técnicos. Los 10 Decretos se basan en estudios técnicos generados en 2016 y en algunos casos en 2011, lo que es preocupante, pues la realidad actual es muy diferente a la de hace siete años. Actualmente se sufren los efectos del cambio climático, la deforestación, las manchas urbanas, y otras coyunturas que afectan totalmente cualquier estudio respecto a la disponibilidad y calidad del agua.
- Hay anormalidades en el proceso de mejora regulatoria de los decretos. La Ley establece como obligatorio someter a consulta pública todos los actos que se vayan a evaluar, sin embargo, aunque se sometió a consulta, se cambió el texto consultado, es decir se consultó una cosa y se publicó otra.
- La Implementación de los decretos en el contexto actual. Si bien es cierto que con las Zonas de Reserva se garantiza el caudal ecológico y el uso urbano del agua a través de volúmenes comprometidos especificados, también lo es que aquellos volúmenes que no están comprometidos se podrán explotar, usar o aprovechar mediante la expedición de nuevos títulos de concesión y asignación.
- Hay afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, a la autonomía y libre determinación, al disfrute de sus recursos naturales, al consentimiento libre, previo e informado, sobre actos u omisiones que puedan afectar de manera irreparable su territorio, su casa y a sus familias.
“Integrantes de organizaciones sociales, así como académicos, han considerado que son un intento ilegal por parte del Gobierno de legalizar la privatización del agua en todo el país. El Gobierno nos está contando medias verdades como está acostumbrado, y eso no puede seguir pasando. Para Morena, hablar de agua en nuestro país es hablar de normas complejas, pero también es hablar de vida, biodiversidad, ecosistemas, y de derechos de pueblos y personas”, enfatizó.
“Hablar de agua es hablar de un derecho humano y de un bien social y cultural, que bajo ninguna circunstancia puede ser afectado por visiones económicas que no han funcionado. Por eso, desde Morena rechazamos categóricamente cualquier tipo de acción o política pública regresiva y violatoria de derechos”, explicó.
Indicó que proponen construir mecanismos que garanticen plenamente este derecho indispensable para la vida, la dignidad y la salud de las personas, por lo que exhortan al Poder Ejecutivo Federal a revocar los decretos referidos y, en su lugar, promover una discusión nacional que desemboque en la construcción de un modelo justo de gobernanza hidrológica.
Cabe hacer mención que la Senadora votó a favor de un punto de acuerdo de urgente resolución, el cual además solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de dichos decretos.
De igual forma, aprobó citar a comparecer a Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al titular de la Conagua para que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental de dichos decretos y a realizar, a través de sus comisiones legislativas respectivas, una discusión nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. (Fuente: Senado)
