Asociación de Profesionistas de QR preparan amparos contra la reforma constitucional que elimina el requisito de residencia mínima a quien aspire al cargo de Fiscal General

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Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras la sesión del Congreso del Estado en el que se dio lectura al decreto, mediante el cual se reforma la Constitución Política de Quintana Roo, y se elimina la residencia de cinco años como requisito para quien aspire a ocupar el cargo de Fiscal General en el Estado, el presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, Luis Ovando Martínez confirmó que un grupo de abogados se encuentra trabajando para interponer los amparos contra dicha modificación.
Reiteró la inconformidad de los agremiados por la actuación de los diputados de la Decimoquinta Legislatura, quienes no escucharon las diferentes voces que pedían que reconsideraran su actuación y reconocieran que en la entidad hay profesionistas con la capacidad para desempeñar el cargo.
Afirmó que luego que los diputados y la mayoría de los integrantes de los cabildos le dieron la espalda al pueblo, los presidentes de los diferentes colegios y organizaciones ciudadanas han planteado la posibilidad de pedir al
gobernador del estado, Carlos Joaquin Gonzalez, que ejerza su facultad y se reivindique con la ciudadanía y rechace la postura del congreso local.
“Es necesario que escuche a la ciudadanía que ha manifestado su inconformidad por permitir que una persona que no tiene arraigo en el estado, ocupe el cargo de fiscal general”, afirmó.
Ovando Martínez, quien junto con varios integrantes de la organización de profesionistas se retiraron de una reunión convocada por el Consejo Ciudadano de Chetumal a la que asistió sin ser invitado el Presidente de la Gran
Comisión de diputados, Eduardo Martinez Arcila, dijo que no se respetaron los acuerdos tomados de que el Congreso mantendría una mesa de diálogo para escuchar a la ciudadanía.
Reiteró que un grupo de abogados analizan la posibilidad de presentar amparos por la modificación de la Constitución local que elimina el requisito de residencia para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. (Noticaribe)
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