CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las dos cúpulas empresariales más importantes del país, ven positivo el Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que la sociedad civil ha desatado una ola de críticas al considerar que mantiene la militarización y la estrategia de anteriores gobiernos, publicó sinembargo.mx.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, reconoció el plan presentado por el Presidente electo y celebró que se incluya el combate a la corrupción, apego a los derechos humanos, participación de las fuerzas armadas y la creación de la Guardia Nacional.
Al igual que la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial dio la bienvenida al Plan Nacional de Seguridad que presentó ayer López Obrador.
“Para nosotros es muy importante que exista un plan definido, de coordinación, que se fortalezca, a través del Poder Legislativo y Judicial, el sistema penal acusatorio, que se fortalezca la seguridad de los penales, y que al mismo tiempo se promueva la coordinación entre las instituciones de seguridad del país”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en el anuncio de ferias de empleo para apoyar a migrantes.
Este miércoles, López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que contempla, entre otros puntos, la amnistía a ciertos criminales, la regulación de algunas sustancias como la mariguana o la creación de una Constitución ética que abunde en la cultura cívica.
No obstante, el principal anuncio, y el que ha levantado más suspicacias, es la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las policías militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas, y de la que ya había hablado en anteriores ocasiones.
Ello requerirá de una reforma constitucional, y para figuras políticas y analistas, perpetuaría la llamada guerra contra el narcotráfico, que impulsada por Felipe Calderón (2006-2012) implicó que los militares se involucraran en tareas de seguridad pública, en 12 años nefastos para México con más de 250 mil asesinatos y casi 40 mil desaparecidos, según cifras oficiales.
Después de que se diera a conocer el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, los colectivos #FiscalíaQueSirva y ##FiscalíaQueSirvaSeguridadSinGuerra pidieron que si se reforma la Constitución, sea para garantizar la autonomía del nuevo Fiscal General, no para militarizar al país.
“El Plan de Seguridad pone en crisis todo el sistema actual de procuración de justicia y los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma que se respetuosa de los derechos humanos y garantice a las mexicanas y mexicanos el derecho a una vida libre de violencia.
En el comunicado conjunto, se resaltó que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya dado muestras de respeto a las instituciones democráticas al declarar contrario a la Constitución la intervención de las fuerzas militares en la seguridad pública.
Para el colectivo FiscalíaQueSirva, “la política de seguridad anunciada pretende reforma la Constitución para militarizar el país y las instituciones democráticas, pero no para consolidar la autonomía de la Fiscalía General de la República y un sistema de justicia que combata la corrupción, impunidad, las graves violaciones a derechos humanos, así como la arbitrariedad de las y los servidores públicos”.
El colectivo consideró que el equipo de AMLO no ha sido congruente con el discurso que ha sostenido con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y la población mexicana en general.
Organizaciones y consejos ciudadanos dedicados a observar la seguridad en México así como académicos coincidieron con algunos expertos y analistas en que el Plan Nacional de Paz y Seguridad es confuso y que el proyecto presentadopor Andrés Manuel López Obrador plantea buenas intensiones pero carece de claridad en ideas.
Francisco Rivas, del Observatorio Ciudadano, y José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, se unieron a la preocupación por el planteamiento de la Guardia Nacional, la cual, consideraron es seguirá con la misma la estrategia de mantener al Ejército en la calle e incluso afirmaron que será peor, pues se dotará de un marco legal a la militarización.
En la misma presentación, el General Luis Sandoval, próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que para apoyar la seguridad pública “se constituirá la Guardia Nacional como fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes. Su esquema entrará en operación el 1 de diciembre. La nueva corporación contará con vehículos e insignias que la identifiquen. Su conformación se llevará a cabo en tres etapas: primera: integración de las policías; segunda: inclusión de efectivos militares; tercera: la inclusión de los jóvenes que quieran participar en la nueva institución”.
Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo; Francisco Rivas de Observatorio Ciudadano; José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y José Antonio Alvárez León, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM), coincidieron en la ambigüedad con la que se plantearon diversos puntos en el plan presentado ayer por Alfonso Durazo y AMLO.
Francisco Rivas, del Observatorio Ciudadano, dijo el Plan de Seguridad quedó sólo en un documento con ideas encontradas “No es un verdadero plan” dijo. El especialista destacó que una verdadera estrategia implicaría tiempos, objetivos claros, procesos y una ruta presupuestal.
El representante del Observatorio Ciudadano también reprobó la propuesta de la Guardia Nacional. “Lo hemos venido marcando desde hace mucho tiempo, las organizaciones de Seguridad sin Guerra, hemos planteado la urgencia de desmilitarizar la seguridad”.
José Antonio Ortega comentó que el planteamiento le quita la responsabilidad de la seguridad a los gobernadores y a los presidentes municipales. “Es un plan que va en contra de lo que había venido manifestando el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] durante su campaña: sacar al Ejército de las calles y regresar a la fuerza civil”.
Amnistía Internacional (AI) señaló que para evitar más violaciones a los derechos humanos, el Plan debe enfocarse en retirar a las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública.
“Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del Presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las Policías civiles”, señaló Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México. (Fuente: sinembargo.mx)
