Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Mientras busca las mejores estrategias que le permita conocer o anticipar los criterios de jueces federales que permita mantener en prisión a ex funcionarios de la pasada administración, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se prepara para su audiencia, este 18 de enero, con el ex gobernador Roberto Borge Angulo para revertir el amparo que le fue concedido por falsificación de firmas.
La fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo dijo que en esa audiencia presentarán el dictamen pericial grafoscópico en el CEFEREPSI, en tanto continúan con el proceso para hacerlo comparecer en Quintana Roo.
Confirmó que el pasado 12 de diciembre por la tarde, por fin recibieron copias del proceso de extradición del ex mandatario quintanarroense, las cuales estudiarán y valorarán la posibilidad de hacerlo comparecer ante una autoridad estatal, “aún cuando un proceso legal donde un juez autoriza o nos pide realizar la audiencia inicial por los medios electrónicos”.
Villanueva Arzápalo reiteró que el ex gobernador de Quintana Roo ha tenido una defensa muy activa, “aunque personal de esta Fiscalía Anticorrupción se encuentra trabajando para presentar los recursos correspondientes y coadyuvar con el ministerio público federal”.
“Estamos cumpliendo más allá de nuestras fuerzas para ganar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en esta lucha contra la corrupción, pero nos estamos enfrentando a grandes monstruos jurídicos con plataformas de defensas que han afectado el proceso”, reconoció.
Asimismo, Villanueva Arzápalo reiteró su desacuerdo por la decisión del juez de distrito de ordenar la liberación de Mario Castro Basto, relacionado con la carpeta 151-2017 de la empresa VIP SAESA. Anticipó que analizan la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la disparidad de criterios utilizados por jueces federales y que han permitido la liberación de quienes han sido vinculados con el desempeño irregular de la función pública.
La decisión de ordenar la liberación del ex funcionario, bajo el argumento de prescripción del ejercicio penal, deja mucho qué desear, “nos deja una gran lección y de aprendizaje por la disparidad de criterios de los jueces federales”.
Sin embargo, reiteró que la decisión del juez federal no significa que estas personas sean inocentes de los actos imputados porque no llegaron a la etapa de juicio, a pesar de las pruebas presentadas”.
“Nos deja impotentes este tipo de decisiones y nuestro llamado es a las autoridades para que coadyuven en la unificación de criterios al emitir una resolución, “porque son las mismas autoridades quienes evitan llevar a buen término los esfuerzos por recuperar el patrimonio arrebatado al estado”, indicó. (Noticaribe)
