YUCATÁN, MX.- Moradores del municipio de Kinchil interpusieron ante autoridades federales y estatales una “denuncia popular”, es decir, en nombre de todo el pueblo, en materia ambiental en contra de la empresa porcícola Kekén, por los estragos ecológicos que sus operaciones han causado en la demarcación, publicó Proceso.
En conferencia de prensa, dirigentes del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’ y activistas del Equipo Indignación, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos humanos, explicaron que se organizaron para emprender acciones en defensa del medio ambiente, de su territorio y de sus derechos como pueblo maya.
Dijeron que con tal propósito, hoy presentaron una denuncia popular en contra de quien resulte responsable “por hechos, acciones y omisiones que han producido deforestación, desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de contravenir las disposiciones legales que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico”.
Expusieron que la denuncia popular fue presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno de Yucatán.
En su denuncia de hechos, los pobladores de Kinchil argumentan que desde el inicio de operaciones de Kekén notaron reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel y que, recientemente, ante extravío de ganado, recorrieron el área y encontraron pantanos de aguas negras que atribuyen a la empresa porcícola.
Refieren que Kekén, junto con grupo Kúo, iniciaron sus operaciones en la demarcación en 2010. Denunciaron que la primera ofrecía en ese entonces a la población empleo y “superación económica”, pero al mismo tiempo inició un proceso de despojo de tierras por los que incluso hay litigios agrarios abiertos.
“Ahora la empresa porcícola pretende crecer en nuestro territorio y aumentar sus naves de producción de cerdos”, acusaron.
Destacaron que “ni al inicio de sus operaciones ni ahora obtuvieron el consentimiento del pueblo maya de esta región para realizar actividades de tan fuerte impacto en una zona con un ecosistema tan frágil y sensible, cercano a la costa, con cenotes, humedales y diversidad en riesgo”.
Dijeron que los pueblos mayas deben estar facultados para cuidar sus territorios o autorizar cualquier actividad que se pretenda desarrollar en ellos.
“Lamentablemente hemos constatado que a inversionistas de fuera y a muchas autoridades nacionales poco les importa el agua, la vida, la tierra y el medioambiente. Mucho menos nuestros derechos como pueblo”, reprocharon.
Y en ese sentido cuestionaron:
“¿Qué agua van a tomar nuestras familias? ¿Qué agua van a tomar nuestros hijos? ¿Qué agua va a tomar el venado, qué agua van a tomar los pájaros? A los inversionistas no les importa. Pretenden extraer, sacar, enriquecerse y no les importa si en el proceso se generan daños y contaminación”.
Advirtieron que además de la denuncia popular, recurrirán a todas las acciones necesarias para hacer valer sus derechos como pueblo maya, para defender su territorio y para cuidar el agua y el medio ambiente “ante la ambición y el despojo”.
“Nos hemos propuesto obtener toda la información disponible acerca de cómo se obtuvieron los permisos y cuál es la situación actual de contaminación. Vamos a tomar la defensa y el cuidado de la vida y de nuestro territorio en nuestras manos como pueblo maya”, sostuvieron.
También anunciaron el inicio de la organización entre pueblos mayas del poniente para este propósito e invitaron a sumarse a la causa a cualquier otra población interesada en hacerlo a fin de que sean tomados en cuenta en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
“En los territorios de la zona poniente se están promoviendo actividades humanas y productivas que no corresponden al contexto local de las comunidades mayas, porque la entrada de megaproyectos ha promovido la vulnerabilidad y la creación de nuevos riesgos y de verdaderos desastres en materia ambiental”, alertaron. (Fuente: Proceso)
