Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Con la creación de la Guardia Nacional, impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aumenta en riesgo de que se recurra a la tortura, advierte el diagnóstico de un grupo de organizaciones civiles nacionales e internacionales.
El informe presentado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, el cual evaluará esta semana a México en Ginebra, Suiza, es suscrito, entre otras, por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
“En los últimos meses, el Gobierno federal y el Congreso de la Unión han avanzado dos propuestas que tendrían el efecto de aumentar el riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos: la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, advierten en el documento.
Según el análisis, de 204 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 2006 y 2017 por tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en el 68.7 por ciento se identifica a las Fuerzas Armadas como las responsables.
“De las mismas 204 recomendaciones, 148 documentan actos de tortura, que suman un total de 527 víctimas”, detallan.
“De las 527 víctimas que fueron sometidas a tortura, 252 personas fueron torturadas al interior de instalaciones militares: cuarteles, bases o campamentos”.
Y recordaron que, desde la visita del Relator Especial sobre la Tortura de la ONU en 2014, diferentes organismos internacionales han recomendado el retiro del Ejército y la Marina de las tareas de seguridad.
“Contrario a estas y otras recomendaciones internacionales, y ante la evidencia sobre el impacto de la militarización en la violencia y las graves violaciones a derechos humanos, el modelo propuesto por la actual Administración federal ha sido la creación de una Guardia Nacional militarizada para realizar tareas de seguridad pública”, critican las organizaciones.
En materia de impunidad, destacaron que la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República informó en febrero de 2018 que de 8 mil 335 investigaciones por tortura sólo había ejercitado acción penal en 17 casos.
Además de que la mitad de los 32 Estados no han creado sus Fiscalías Especializadas para investigar tortura, aunque hace año y medio venció el plazo que establece la ley general en la materia.
El informe también destaca la importancia de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) para documentar la tortura en México, por lo que reprocharon que en enero pasado se haya anunciado la suspensión de su aplicación.
Sobre la prisión preventiva oficiosa, las organizaciones civiles consideraron que es alarmante por violar la presunción de inocencia y el debido proceso.
El informe será considerado por los expertos de la ONU en el examen que realizarán a México. (Agencia Reforma)
