CANCÚN, MX.-  Entre 2010 y 2018, la Fiscalía General de Quintana Roo ha recibido mil 85 denuncias por violaciones en las que las víctimas son niñas menores de 14 años, aunque se estima que esta cifra represente sólo el 10 por ciento de los casos que se dan, informó Mariana Bello, investigadora de la organización Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo.

Por ello, estimó que se calculan alrededor de 11 mil víctimas que no denuncian dichos delitos ante las autoridades, por lo que además no reciben los diferentes servicios que requieren, que van desde el brindado por la policía, de salud, de acceso a  la justicia, de acompañamiento para asesoría legal y terapia psicológica, entre otros.

“Haciendo un promedio, tenemos alrededor de 100 caso al año. Sin embargo, lo que sí se conoce en todo el país, es que las víctimas que llegan a denunciar son apenas un 10 por ciento de toda la cantidad de niñas y adolescentes que viven la problemática. Es apenas la punta del iceberg, lo que apenas alcanzamos a ver”, comentó frente al Palacio Municipal de Benito Juárez.

La activista, que formó parte del evento en el que Quintana Roo se sumó al movimiento global  en el que 30 ciudadees de todo el mundo se unieron para protestar contra la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, y en apoyo de Lucía, Norma, Fátima y Susana, las cuatro menores provenientes de Ecuador, Perú y Nicaragua víctimas de este delito que tendrán una audiencia ante el Comité de Derechos Humanos de la organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

La activista señaló que según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estima que en seis de cada diez casos, el agresor es de la misma familia o alguien muy cercano a la familia.

“Esa situación hace que todavía sea más difícil denunciar, porque implica miedo, temor al escarnio público o  la difamación que pueden ser víctimas las niñas o adolescentes”.

Además, dijo, la mayoría de estos casos se dan en contextos con estas situaciones normalizadas, por lo que estos actos no se toman como una agresión y, por ende, no se denuncian.

“Está tan extendida y arraigada, es que las instancias nos e dab abasto y no tienen el personal suficiente  para dar la cobertura que una víctima de esta naturaleza requiere”.

Alertó que las niñas y adolescentes entre 10 y 14 años son las más vulnerables y las que más sufren tras una agresión sexual y un embarazo forzado a raíz de violaciones.

De hecho, tan sólo en Quintana Roo, hace tres años se contabilizaron 170 nacimientos de madres menores de 14 años, lo que en promedio significa 14 nacimientos al mes.

Por ello, las activistas de organizaciones como exigen al Estado mexicano que realice estrategias para erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo adolescente con servicios de interrupción del embarazo por parte del personal de salud capacitado, así como una educación sexual pública.

En cuanto a la justicia, consideraron como indispensable contar con fiscalías especializadas con personal suficiente y capacitado que pongan en marcha protocolos expeditos para evitar la revictimización y la impunidad y que permita asegurar la vida e integridad de las menores.

El caso de Camila

Auxilada de un megáfono, otra de las activistas de esta organización leyó el caso de Camila, una niña que a los 13 años comenzó a ser “cortejada” por su maestro de educación física, quien le daba regalos e invitaba a salir.

El hombre, de nombre Francisco, que estaba casado y con hijos, le mentía, asegurando que dejaría a su mujer para llevarla a vivir como princesa.

En la escuela, se sospechaba de esta actitud pedófila, pues ya antes otras alumnas abandonaron la escuela por causa suya, pero la directiva hacía oídos sordos a estas acusaciones, pues temían una manifestación del sindicato si trataban de removerlo, por lo que simplemente se le transfería de una escuela a otra.

En el caso de Camila, su profesor se la llevó a un motel y después resultó estar embarazada. Ahí las cosas cambiaron, pues el maestro se alejó de ella y le aconsejaba que abandonara la escuela. Eventualmente los padres se enteraron y denunciaron, pero pudo más la presión sindical que la justicia “y en algún lugar de México continúa Francisco dando clases de educación física”.

La niña por vergüenza no regresó a la escuela. Al ver roto su futuro, se quitó la vida, poco después de dar a luz.

“Es un caso de miles, que optan por quitarse la vida antes que lidiar con la pesadilla del abuso sexual o de ser madre sin desearlo”, declaró la activista. (Noticaribe y Agencia SIM)