Activistas del colectivo Marea Verde, piden a Carlos Joaquín que aplique acción contra integrantes de la XV Legislatura por negarse a analizar reforma de ley para despenalizar el aborto en QR

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Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Integrantes del Colectivo Marea Verde solicitaron al gobernador Carlos Joaquín González, en calidad de titular del poder ejecutivo, que aplique una acción por omisión legislativa contra diputados de la Decimoquinta Legislatura, por excluir de la discusión y aprobación, en su caso, del pleno de la iniciativa enviada el 7 de abril de 2017 que modifica el Código Penal del Estado y se ajusta a la obligación de respetar, eliminando las disposiciones legales que castigan a las mujeres que se han sometido a un aborto.

Mediante un escrito, el colectivo establece que la omisión legislativa constituye por sí misma una violación legal, pues impide que puedan efectuarse los preceptos constitucionales, y por tanto altera el orden jurídico que el artículo 97 de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, señala que no existe plazo para ejercitar la acción por omisión legislativa.

Reiteraron el interés del colectivo por el que dicha iniciativa sea discutida, en virtud que la aprobación de la reforma que propone el ejecutivo es en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado y, dado, que en ella señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al proponer la derogación de los artículos 93 y 96 que sancionan actualmente a la mujer que voluntariamente se someta al aborto, y se modifica el artículo 94 y 97 para despenalizar el delito de aborto, dejando únicamente supuestos jurídicos en que será sancionado el delito, para limitar este derecho a la interrupción del embarazo a no más de 90 días de gestación del producto o bien, cuando sea en contra de la voluntad de la mujer, por coacción o amenazas y, en su caso, por negligencia o culpa de las y los profesionales de la salud.

 

Afirman que esta reforma es trascendental en el avance de los derechos de las mujeres quintanarroenses, atendiendo a las recomendaciones del Comité de la CEDAW en su 52º período de sesiones, en donde en el punto 33 recomienda puntualmente al Estado parte que, armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal, teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y la Recomendación General núm. 24 (1999) de este Comité.

De igual manera, el Comité de la CEDAW, establece en la Recomendación General Nº 24 (20° período de sesiones, 1999) que los Estados también deberían, en la medida de lo posible, enmendar la legislación que castigue el aborto, a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.

El hecho de despenalizar el consentimiento de la madre en este delito, tiene una relación directa con su derecho a decidir sobre su cuerpo, su derecho a decidir el tiempo y espaciamiento de sus hijos. El Comité señala que en algunos informes se revelan prácticas coercitivas que tienen graves consecuencias para la mujer, como el embarazo, el aborto o la esterilización forzados. La decisión de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno.

Es importante recordar que los órganos de derechos humanos han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. Asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales, establece en su documento el colectivo.

“La iniciativa presentada por usted, en el uso de sus facultades, se ajusta a la obligación de respetar, eliminando las disposiciones legales que castigan a las mujeres que se han sometido a un aborto. Por ello, consideramos necesaria y urgente la discusión del contenido de la iniciativa que usted presentara, pues el proceso legislativo debe accionarse para pasar por las etapas que lo contemplan”, enfatizaron las integrantes de esta organización. (Noticaribe)

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