Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante el desconocimiento del domicilio de la ex directora del Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE) de Quintana Roo, Claudia Romanillos Villanueva, la Secretaría de la Contraloría del Estado comenzó la publicación del edicto en estrados y en un periódico de circulación estatal de la resolución del 31 de mayo pasado, del procedimiento de responsabilidad administrativa, iniciado en su contra, dentro del expediente SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0010/2017 en el cual también se menciona a Rudy José Flores Ayora, ex delegado de la dependencia en la ciudad de Cancún.
También a través de estrados se notifica de las resoluciones dictadas el 17 de mayo de 2019 en contra del ex gobernador, Roberto Borge Angulo y los propios Romanillos Villanueva y Flores Ayora de acuerdo con los oficios SECOES/SIV/CI/0448/2919, SECOES/SCI/0627/2019 y SECOES/SCI/0631/2019.
Aunque, la Secretaría de la Contraloría estatal maneja el expediente como confidencial, con el argumento de que en el expediente se manejan nombres, por lo cual en estrados no colocó la resolución emitida en contra de los ex funcionarios.
El edicto publicado el pasado 6 de junio de 2019 está firmado por Mario Martínez Gómez en su carácter de coordinador general de investigación de la Secoes.
La Fiscalía General de la República imputó a Romanillos Villanueva de haber utilizado su cargo de directora del IPAE a su favor y vender terrenos de alta plusvalía a familiares y allegados del ex gobernador Borge Angulo a precio de remate.
El 17 de octubre del 2017, la Secoes a través de la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial emitió la resolución administrativa dentro del expediente SGP/CGRSP/CSP/PAD0002/2016, en la cual determinó que Romanillos Villanueva incurrió en responsabilidad administrativa, al infringir lo dispuesto en los artículos 47 fracción XIX, 84 fracción II primero y quinto párrafo y 87 fracción II de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por lo que le impuso una sanción económica de 11 mil 474 pesos con 50 centavos, equivalente a cinco veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización y la inhabilitación por un año para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
La infracción consistió en no presentar sin causa justificada su declaración final de conclusión de su cargo como directora general del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, la cual debió presentar dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del cargo.
En dicha resolución, una vez que hubo causado ejecutoria, se ordenaba solicitar por oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el procedimiento a la ejecución del cobro de la sanción económica impuesta a Romanillos Villanueva y una vez que se cumpliera remitir a la Secoes copias certificadas de las constancias con las que se acreditase de manera fehaciente la ejecución de la sanción impuesta. (Noticaribe)
