A escasas semanas de que concluya la polémica XV Legislatura, fue aprobada la Ley de Bienestar Animal, en la que destaca la prohibición a las corridas de toros y peleas de gallos.
La iniciativa fue promovida por ‘la libre’ por diputada panista Eugenia Solís, que no logró reelegirse el pasado 2 de julio, aunque en realidad ha sido una propuesta insistente del PVEM, la prohibición de las corridas de toros.
Frente a la complejidad de nuestro tiempo, este tipo de leyes gozan del apoyo ciudadano pese a implicaciones económicas y culturales. Los políticos que abanderan leyes de protección animal, por lo regular buscan el aplauso fácil.
Pero en Quintana Roo hay otros problemas más graves que la explotación animal y las corridas de toros.
La ley promovida por la diputada Solís y aprobada por ‘verdes’ y priistas no incluyó a los delfinarios, los cuales abundan en Quintana Roo y que son un emblema de la frase ‘por el turismo todo se vale’.
Es evidente que el ‘bienestar animal’ se mide con ‘diferentes raseros’ en un estado en donde la tauromaquia y los palenques ocurren básicamente en zonas rurales y los definarios son negocios de poderosas empresas.
