Del lunes 21 al miércoles 23 de octubre, a invitación expresa de la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal, estaré participando, junto con otros colegas especialistas en el tema de derechos indígenas, en el seminario: Jornadas de Derechos Humanos con el tema “Las personas indígenas en la Suprema Corte”. Mediante el análisis de tres amparos sustanciados positivamente en la SCJN, trabajaremos los temas sobre las lenguas indígenas de México, el matrimonio infantil y las costumbres al respecto en los pueblos originarios, así como lo referente a la auto adscripción y la traducción necesaria en ámbitos del derecho. Aunado a esto, hay otros puntos que pienso tocar y que de algún modo u otro están relacionados con estos temas sugeridos: la conformación del Estado y su relación con el pueblo maya, la imbecilidad política ante los derechos invisibilizados o simulados de las comunidades, pueblos e individuos mayas, así como el nivel de cretinismo que todavía se puede ver si hablamos de la Xcaret-ización política de la cultura maya con los rituales de los cargos construidos (el INMAYA), los nombramientos en tiempos electoreros (Nohoch sukunes a diestra y siniestra), o los insumos culturalistas que desvían la mirada de los problemas estructurales a la que una etnia sometida a lo largo del siglo XX, pasa en tiempos del turismo sin asideros.
¿Cómo se protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución?, ¿qué implica el reconocimiento de México como un Estado pluricultural?, ¿cuál es la importancia para México de la preservación y fomento de la cultura y lenguas indígenas?, ¿cómo debe ser esta relación entre los segmentos de las élites mexicanas (políticas, empresariales) con los pueblos originarios?, ¿cuáles son las normativas locales, nacionales e internacionales para entender estas políticas de reconocimiento y de compromiso con los pueblos originarios, que el Estado mexicano debe obeceder y cumplir? Estas son algunas de las preguntas que nos han formulado, y que con otros expertos en el tema del derecho indígena en Quintana Roo (un abogado y el antropólogo Manuel Buenrostro Alba, de la UQROO), trataremos de dar una respuesta que no es, por supuesto, concluyente, sino aproximativa.
Por ejemplo, ayer, en el amparo en revisión 622/2015, tocado por el ministro ponente Arturo Zaldívar, y aprovechando que la asistencia al Seminario constaba, en su mayoría, de jóvenes estudiantes de derecho de la UQROO, invité a los alumnos a cuestionar las maneras positivistas, “codigueras”, de fundamentalistas del Código, y entender que el discurso del Derecho es no solamente un discurso del Estado nomócrata, como Kelsen y el positivismo jurídico de sus profesores les tienen asegurado. Cito una parte de mis apuntes: “Para Kelsen, nos cuentan ortodoxamente sus exégetas positivistas, el fundamento de validez de las normas, de todas las normas, no es la eficacia de ellas sino de otras normas hasta llegar a una norma fundamental, la Grundnorm: ‘Esta norma fundamental representa, como fuente común, el vínculo entre todas las diversas normas que integran un determinado orden…’” Esto, desde luego, es completamente un desfasamiento jurídico a más de tres décadas de discusiones del derecho indígena, de dos reformas constitucionales en materia indígena, de un movimiento guerrillero en torno a esto, y de la consolidación con raigambre de leyes secundarias al respecto (la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de 2003) y de normativas internacionales (la Declaración de la ONU de 2007), así como el hecho evidente de que los pueblos indígenas de México y del mundo se están reconstituyendo y dando respuestas desde sus lógicas diversas y signadas por una tradición reformulada a través de sus intelectuales, escritores, poetas. Es el caso de la reconfiguración cultural en la Península, mediante la creación literaria de escritores en lengua maya. Frente a esto, el Estado, obligado por sus leyes internas y las signadas en lo internacional, debe dar mecanismos institucionales, educativos, y de infraestructura, para facilitar la libre determinación, la autonomía, para hacer valer realmente los derechos lingüísticos en todos los ámbitos comunicativos, para poner como políticas públicas transversales la no discriminación, el combate frontal al racismo, a la exclusión económica y cultural.
La pregunta es, ¿lo está haciendo? En tiempos del neoliberalismo de derechas (1982-2018), si bien es cierto que hubo avances sustanciales al respecto (la reforma Constitucional de 2001, la Ley de Derechos lingüísticos de 2003), el antiguo CDI hizo bien poco para realmente cumplir los reclamos históricos de las comunidades; se abocó a lo que aún dice el apartado B del 2 Constitucional: políticas asistencialistas y clientelares, con una perspectiva de “proyectos productivos” para combate al hambre en regiones indígenas, al final sólo cumplía la visión que el Estado foxista tenía con los pueblos originarios: son parte del interés público y no “sujetos de derecho”; en políticas educativas superiores, las Universidades Interculturales gravitaron entre el ninguneo estatal, el olvido y el cacicazgo académico (fue el caso de la UIMQRoo hasta 2015). Hoy, en este nuevo sexenio, en 2019 se llevó a cabo una serie de foros nacionales de consulta indígena para la reforma a la reforma de 2001: se desea modificar de raíz la relación del Estado mexicano con los pueblos originarios, darles una mayor autonomía y libre determinación, posibilitar que administren sus territorios, pasar a un artículo 115 Constitucional (artículo que ve el régimen municipal) plural e intercultural, subir al rango constitucional el tema de la interculturalidad, y dejar de ver a los pueblos originarios como sujetos de interés público y darles la corresponsabilidad necesaria como sujetos de derecho que siempre debieron ser. La reforma está ahí, esperemos que no pase este año cuando sea metida como iniciativa preferente en la Cámara de diputados o en la de Senadores.
En el caso de Quintana Roo, el tema del derecho indígena se puede contar con los dedos los interesados en ello. Generalmente, existe un desconocimiento al respecto incluso entre los “profetas de la interculturalidad fallida” y la clase política local: ahí está el caso de una diputada local por Morena, que el otro día el General Sulub le fue a entregar las dos leyes en materia “indígena” en el estado para que las conociera pues creo que igual forma parte de la Comisión de asuntos indígenas del estado. En su momento le formulé que esas dos leyes neoindigenistas contravenían el espíritu de una real autonomía del pueblo maya de Quintana Roo. Son dos leyes que fueron confeccionadas en lo mejor del autoritarismo villanuevista (a la que la fracción de Morena en Quintana Roo, recordemos, ha hecho caravana para su defensa), y que en 2017 se le endosó la figura del INMAYA (otro trasgo neindigenista inventado con que se engrosa la burocracia coyotera local), una bofetada completa al pueblo maya, pues el INMAYA (es decir, los “sin mayas”) se ha convertido en verdadero capataz y señor “jenequenero”, y en donde los “dignatarios mayas” se vuelven simples comparsas, difuminándose la autonomía y las propuestas desde abajo. Supongo que el General Sulub tal vez le dio estas dos leyes a la diputada local para que, mediante sus asesores, formule una propuesta de reforma normativa, y no dudo que este congreso o el siguiente, lo tendrá que hacer, toda vez que, si entra en el camino legislativo en San Lázaro una posible iniciativa de ley para reformar la Constitución en materia indígena, forzosamente, los congresos locales de todos los estados tienen que armonizar sus leyes al texto supremo.
En fin, la clase política quintanarroense no logra todavía salir de ese modelo de “institucionalidad” creada desde tiempos muy anteriores a la conformación del Estado: la versión de la “etnia vencida” por el clientelismo y la simulación de derechos, por un lado, y por otro, las visiones épicas” de una Guerra de Castas museografiadas, etnografiadas, patrimonializadas”, e historizadas para no cuestionar las exclusiones actuales en que viven los mayas en tiempos de la Xcaret-ización turística. Creo que ha llegado el momento coyuntural para repensar esto, así como desmitificar los mitos creados en torno a los “mayas vencidos” por el Estado regional, y aceitados implícita y explícitamente por los mayas del oficialismo.
