CANCÚN, MX.- Los diputados integrantes de MORENA y PT del Congreso estatal, presentaron una iniciativa que, de aprobarse, podría entregarle al Sindicato de Taxistas, y, más ampliamente, a todo el gremio transportista, el control total de la política de movilidad del estado, adelantó el portal La Opinión de Quintana Roo.

La iniciativa tiene varios puntos polémicos, pero el principal es la creación de un Consejo Directivo de Movilidad, que reemplazaría a la actual Junta de Gobierno.

Ese Consejo Directivo le quita la mayoría de la atribuciones al Instituto de Movilidad, y tendría facultades amplias, por ejemplo, para dar y quitar concesiones, permitir el ingreso de plataformas digitales, e incluso para la realización de obras ligadas a la movilidad.

El problema mayor es que de acuerdo a la iniciativa, ese Consejo Directivo estará conformado por 11 miembros que tomarán las decisiones por mayoría de votos.

Y seis de sus integrantes podrían estar directamente vinculados al Sindicato de Taxistas y a otros grupos similares, de acuerdo al texto de la iniciativa de ley.

La iniciativa tiene como referente fundamental a la diputada de MORENA, Erika Castillo, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, quien es hija del ex líder taxista Eric Castillo Alonzo. Ella, incluso, integraría ese Consejo Directivo.

La diputada armó la iniciativa, que fue apoyada por los diputados Tepy Gutiérrez, Edgar Gasca, Luis Fernando Chávez, Fernanda Trejo y Reyna Durán, de MORENA, además de Roberto Erales, del PT.

Además, hasta el momento ha contado con el apoyo verbal de diputados del Verde Ecologista.
Si ese grupo se mantiene unido, tiene 15 votos para aprobar la iniciativa.

EL CONSEJO DIRECTIVO

La iniciativa propone un Consejo Directivo de Movilidad para reemplazar a la actual Junta de Gobierno.
Hoy, la Junta está integrada por 8 miembros: Sedetus, Segob, SEMA, Seguridad Pública, Sefiplan, Turismo, Obras Públicas y Oficialía Mayor.

El Consejo que propone MORENA sacaría de ese órgano a SEMA, Turismo y Oficialía Mayor.

Y hace 6 incorporaciones, para llegar a un total de 11 integrantes. (ver fotografía abajo)

Ingresarían al Consejo las Comisiones de Movilidad y Seguridad Pública del Congreso del estado, presididas por Erica Castillo y Luis Fernando Chávez, respectivamente, dos de los firmantes de la iniciativa.

Pero la parte más polémica es que incluye a “Representantes de organizaciones de transportes de carga y también de pasajeros legalmente constituidas”, y a “dos ciudadanos que acrediten cuando mínimo tres años de experiencia en materia de transporte designados por la Comisión de Movilidad del Congreso”.

O sea, la Comisión de Movilidad tendrá un lugar propio en el Consejo para la presidenta (Erica Castillo) y elegirá otros dos más entre “ciudadanos con experiencia” en el tema.

Vale aclarar que la Comisión de Movilidad está integrada por cuarto de los firmantes de la iniciativa. Ademas de Erica Castillo, están en esa Comisión Tepy Gutierrez, Reyna Durán y Fernanda Trejo.

Eso quiere decir que pueden elegir a los “ciudadanos” que ellos quieran.

Y además, están los dos puestos para transportistas.

LA NUEVA MAYORIA

Como ya se dijo, el Consejo tendría en total 11 espacios, y todos tendrán voz y voto. Y ahí está la trampa, porque fácilmente el Sindicato y aliados pueden tener mayoría.

O sea, la Comisión de Movilidad, manejada por la hija de un líder taxista, elegirá a dos “ciudadanos expertos”, y habrá dos representantes de transportistas, que lógicamente tienen los mismos intereses.

Eso, más los dos representantes del Congreso, que son del mismo partido y han signado la iniciativa, conformarán una mayoría de 6 miembros sobre los 11 del Consejo Directivo.

En las fotografías de abajo se puede observar cuáles serían las facultades de ese Consejo. Entre otra, son:

Otorgar concesiones; decidir sobre concesiones a plataformas tecnológicas de transporte tipo Uber; modificar, anular, suspender, revocar, extinguir y rescatar concesiones, permisos y autorizaciones, e instrumentar la política estatal de movilidad, entre otras.

Eso significa que toda la política de movilidad podría quedar en manos de sindicatos y sectores con intereses particulares en el tema. (Fuente: La Opinión de Quintana Roo)