YUCATÁN, MX.- Ante la “inminente quiebra” del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) que amenaza sus pensiones, jubilados y pensionados exigieron al gobierno estatal que informe el monto de las aportaciones patronales y el destino de los recursos de esa institución, “pero sobre todo, soluciones” al problema, publicó Proceso.
Mediante una carta abierta, el Movimiento Hormiga, en el que recién se constituyeron para defender sus derechos tras sufrir la reducción de sus pensiones, recordaron al gobierno que encabeza el panista Mauricio Vila Dosal: “los jubilados y pensionados del ISSTEY no recibimos ‘concesiones graciosas’”.
“Teniendo como motivación el saber y defender nuestro derecho Constitucional, reiteramos que se nos restituyan las cantidades que arbitrariamente nos fueron descontadas de nuestros salarios y el respeto a nuestros derechos adquiridos”, exigieron.
Y, ante el “atropello” que sufrieron por parte del gobierno estatal, reclaman información sobre el manejo del ISSTEY y sus recursos.
Este mes, los jubilados y pensionados estatales fueron sorprendidos por una reducción en el monto de sus pensiones, lo que desencadenó una serie de protestas, incluso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a la entidad.
El gobierno de Vila justificó la medida argumentado que el monto que se les descontó no será un aumento salarial que se les hubiera concedido sino un apoyo extraordinario que se les dio de enero a octubre.
En ese contexto, en su desplegado, Movimiento Hormiga refutó que la función principal del Isstey es “supervisar la adecuada aplicación del régimen de Seguridad Social para garantizar a los servidores públicos y a sus familiares o dependientes económicos, entre otras cosas, la protección de los medios de subsistencia, prestaciones económicas y servicios sociales para el bienestar individual y colectivo”.
Añadió que por tanto, no necesitan “concesiones graciosas” de la directora del Isstey, María Isabel Rodríguez Heredia, a quien respondieron que “el aumento salarial” que recibieron retroactivo al pasado primero de enero les fue “concedido por disposición presidencial”.
“Por tanto, no necesitamos ‘concesiones graciosas’ de la directora del ISSTEY. Nos corresponde por ley”, exponen los integrantes del movimiento.
Y, “ante el panorama tan desolador” que el gobierno plantea, los afectados le reclamaron respuesta a una serie de cuestionamientos.
Exigieron que se les informe cuál es el destino de las aportaciones de los más de 31 mil trabajadores activos, adscritos a las diferentes dependencias que integran el gobierno del estado y “a cuánto ascienden las aportaciones de cada una de las dependencias estatales y que fueron transferidas mensualmente al Isstey” del 1 de enero al 31 de septiembre de este año.
Además, preguntaron “cuándo la junta de gobierno del Fideicomiso Ucú, iniciará el Desarrollo Inmobiliario de los terrenos que conforman ese fondo, con el fin de recaudar los recursos necesarios para hacerse de reservas económicas para el ISSTEY” y la cantidad de ingresos que recibió “mes con mes” la dependencia “derivado de las aportaciones del patrón y de los trabajadores activos adscritos al gobierno del estado” en ese mismo lapso.
También “a cuánto asciende el monto total de incremento del 16.21%, que se pagó a los jubilados y pensionados durante el mismo período” y “de dónde se obtuvo el ahorro o más bien de qué partida presupuestal se obtuvo el recurso que le permitió al Isstey realizar el pago referido”, que se clasifica como “reconocimiento por servicios”.
Finalmente, desean saber “cuál es el destino de los demás ingresos que obtiene el Isstey a través de sus activos fijos: terrenos, hotel, rentas, tienda, interés por préstamos al personal activo, jubilados y pensionados, inversiones diversas etc”.
Recordaron que la normatividad establece que “ante cualquier déficit que se presente, cualquiera que sea el monto, deberá absorberse oportunamente, por las entidades públicas, en la proporción que a cada una de ellas corresponda”.
Y que el consejo directivo de la institución “dictará los acuerdos que procedan, a fin de que las prestaciones de los servicios y obligaciones se resuelvan a la brevedad posible”.
Por último, exigieron “soluciones” que favorezcan sus peticiones.
“Por ser legales y por ser nuestro derecho, y la justa retribución por haber dedicado una gran parte de nuestra vida al servicio del gobierno del estado de Yucatán”. (Fuente: Proceso)
