Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- El dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC) en la zona sur del Estado, Andrés Blanco Cruz manifestó su preocupación por las inconsistencias jurídicas por parte del Gobierno Federal para realizar la consulta ciudadana y determinar la factibilidad de realización del Tren Maya, “lo que lo puede convertir en una falsa esperanza para los campesinos que lo ven como una oportunidad de desarrollo económico”.
“Hemos escuchado al gobierno, cada vez que no le sale bien algo, echarle la culpa a la derecha y a los conservadores, cuando en realidad las cosas no caminan jurídicamente porque están mal planeados, están hechas desde el escritorio. Ojalá que esta sea la excepción y no le echen la culpa a alguien y el tren no se concrete”, afirmó.
“Creo que en la consultas ciudadana puede haber apoyo al proyecto, pero preocupa que se haga a un lado el tema jurídico y permita que un tercero o cualquier organización pueda interponer algún recurso legal para detener la obra y responsabilizarlos por la cancelación del proyecto, tal y como sucedió con el tema del Aeropuerto”, subrayó.
Consideró que como proyecto, el Tren Maya es bueno para detonar el desarrollo económico del sur sureste del país, “pero jurídicamente es endeble porque no se cumplen algunos estándares internacionales para efecto de realizar una consulta previa, libre e informada como lo establece la propia Constitución y diversos tratados internacionales”.
Explicó que la consulta que se realizará el 30 de noviembre es, en realidad, foros regionales “y desde ahí el gobierno federal contradice lo que establece la Constitución. La consulta debe ser de acuerdo con los usos y costumbres de cada comunidad, pero están utilizando los mismos estándares para todas las poblaciones cuando cada una tiene sus propias particularidades”.
Blanco Cruz explicó que otro de los temas que preocupan es la afectación a los ejidos por el trazo del tren, “ya que tiene que haber una asamblea para cumplir con todas las formalidades legales y el proyecto ser avalado por los ejidatarios para que puedan dar su anuencia de ocupación previa”.
Explicó que como organización campesina han hecho énfasis en la necesidad de que este proyecto esté enfocado a una indemnización sustentable para que los ejidatarios se conviertan en socios del proyecto y perciban un ingreso y no sea pago de una sola vez.
Reconoció que en estos momentos hay ejidatarios que están a favor del proyecto, siempre y cuando sean cubiertas las indemnizaciones correspondientes a afectaciones de sus tierras de proyectos anteriores; “no es un reclamo en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador sino al gobierno federal que es el que mantiene esos adeudos”. (Noticaribe)
