Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La llamada “Ley Bonilla” que implicó la ampliación de dos a cinco años el mandato del Gobernador de Morena de Baja California se tambalea.
Los siete Magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral (Trife) consideraron que el ‘regalazo’ al morenista Jaime Bonilla Valdez es inconstitucional.
“La Sala Superior considera que la reforma al artículo octavo transitorio impugnado se aparta de la regularidad constitucional, porque la ampliación de mandato del Gobernador electo de Baja California vulnera los principios de la República democrática representativa, relativa a la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el sufragio libre, secreto y directo, así como el derecho a votar y ser votado, previstos en los artículos 39 y 41, de la Constitución”, concluyeron los Magistrados en un acuerdo avalado por unanimidad.
La opinión de los juzgadores del Tribunal Electoral fue entregado a la Suprema Corte, quien decidirá en definitiva sobre el ‘regalazo’ al Gobernador de Morena.
REFORMA tuvo acceso al documento SUP-OP-5/2019 de los Magistrados que emitieron una opinión a solicitud del Ministro José Fernando Franco González Salas, quien tiene a su cargo las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, MC, el PRD y el PRI, en contra de la reforma que amplía el plazo del mandato del hoy Gobernador Bonilla.
En el documento se desglosa cada una de las violaciones consideradas por los Magistrados de la sala superior.
Para los siete integrantes del Trife “se pasa por alto la voluntad popular, pues se prórroga el mandato que le fue conferido a la persona que fungirá como Gobernador del Estado sólo para el periodo de dos años, por lo que, al no tomarse en cuenta tal mandato, se violan los principios democráticos que prevé la Norma Fundamental”.
“La ampliación del mandato del Gobernador controvertida, más allá del periodo para el cual ha sido electo democráticamente, impide el sufragio universal, libre, secreto y directo, porque, en ese supuesto, tal ampliación equivale a que el Poder Legislativo Local se coloque unilateralmente como únicos participante activo y pasivo.
“Como si se tratara de una elección a modo, especial y unilateral para un nuevo periodo, excluyendo prácticamente a esos efectos a toda la comunidad del territorio de Baja California, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a su representante”, señala el escrito del Trife. (Agencia Reforma)
