Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAQROO), Alfredo Cuéllar Labarte, reconoció que hay problemas en la fundamentación de las autoridades estatales y municipales en la aplicación de leyes y reglamentos que los ha obligado a declarar la nulidad de los actos iniciados contra trabajadores. En vísperas de cumplir dos años de creación, aseguró que el Tribunal de Justicia Administrativa ha registrado un avance a pasos agigantados porque nadie conocía la justicia administrativa contenciosa.
Indicó que incluso, en el mes de noviembre, resolvieron un total de 80 recursos de reclamación que representa el número atendido el año pasado. En estos momentos tienen registrados mas de 500 juicios relacionados con temas administrativos, laborales, fiscales, de medio ambiente y con la ley general de responsabilidad administrativa, “pues atendemos todos aquellos casos en donde exista controversia entre la administración pública estatal y municipal y particulares”.
“Durante la revisión de los asuntos hemos decretado muchas nulidades porque hemos detectado, que hay problemas en la forma en que se fundamenta la actuación de las autoridades y sobre eso nos hemos pronunciado”. Dijo que de los asuntos resueltos un 20 por ciento de los particulares han recurrido a un amparo, “pero el 80 por ciento de nuestras resoluciones han sido confirmadas”.
Cuéllar Labarte explicó que en el caso de los temas municipales se han centrado en procesos de recaudación predial, medio ambiente y despido de policías “quienes no se han podido reincorporar, entonces el Tribunal de Justicia Administrativa se encarga de determinar si el despido es materia de compensación por la forma en que han sido despedidos”.
Aseguró que en la toma de decisiones han sido completamente autónomos y no han recibido ningún tipo de presión por parte de ninguna autoridad gubernamental.
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa confirmó que han solicitado un presupuesto de 100 millones de pesos para ejercer el próximo año, cantidad que permitirá la contratación de personal, secretarios proyectistas que hacen falta para la elaboración de sentencias, así como el proceso de sistemartización digital. (Noticaribe)
