Agencia Reforma
MONTERREY, MX.- El Tren Maya y el Tren México-Toluca enfrentan grandes riesgos debido a la incertidumbre regulatoria y de financiamiento, así como la oposición de grupos ambientalistas, de acuerdo con un análisis de FitchSolutions.
Ambos proyectos ferroviarios que impulsa la Administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), son vistos con cautela por parte de los inversionistas privados, señaló la firma.
“Observamos que la incertidumbre continúa nublando las perspectivas para dos de los proyectos ferroviarios más grandes que se están desarrollando en México.
“Tanto el Tren Maya como el México-Toluca enfrentan una incertidumbre significativa, en particular en torno a cómo se financiarán las obras”, asegura.
El Tren Maya, de carga y pasajeros, implica la modernización y construcción de un ferrocarril combinado de mil 460 kilómetros que atravesará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sería uno de los mayores proyectos de infraestructura desarrollados en las últimas décadas.
Requiere una inversión estimada en 120 mil millones de pesos.
“Sin embargo, durante mucho tiempo hemos mantenido una visión cautelosa sobre el enfoque del Gobierno para avanzar en el proyecto con una inversión privada sustancial”, dice.
FitchSolution señaló que si bien la Administración federal parece dispuesta a cambiar la estrategia, comentarios de funcionarios indican que podría proporcionar la mayor parte de la inversión.
“(Pero) la continua falta de claridad sobre el mecanismo de financiamiento y la dependencia parcial del sector privado en cualquier escenario, mantienen la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.
“En nuestra opinión, es probable que los inversores privados aborden el proyecto con cautela, dada la importante inversión de capital necesaria”, añade.
También observa oposición de grupos ambientalistas y comunidades locales.
Respecto al tren México-Toluca de la Administración anterior, la firma describe que está rodeado de incertidumbre a pesar del avance de 87 por ciento.
Ese proyecto, que está detenido desde octubre de 2018, pero que ya está incluido en el Plan Nacional de Infraestructura, está plagado de sobrecostos y demoras en la construcción, señaló.
Asegura que no está claro si el apetito de los inversores será suficiente para que el Gobierno logre licitarlo, ya que aún requiere 20 mil millones de pesos, además de los 63 mil millones ya invertidos. (Agencia Reforma)
