Por Saraí Reyes
CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo Quintana Roo AC, presentó una denuncia ante la Contraloría de Benito Juárez (Cancún) por la modificación del Artículo 135 de la Ley de Hacienda, que establece el uso de ‘contenedores inteligentes’ y por omisión de los funcionarios de la Administración municipal, que han incurrido en contravención por exhibir datos personales a un particular como es el caso de la empresa Eco’ox.
La Organización No Gubernamental (ONG) señaló que es pública la afectación que se está haciendo a los contribuyentes de Cancún al haberse modificado los procedimientos para el pago oportuno de los derechos de recolección de basura, ya que no se admite la norma de autodeterminación de generación de basura, y que con el nuevo procedimiento en base de una plataforma de acceso digital, no se permite hacer dicha autodeterminación y se preestablece un monto de kilogramos diarios que el contribuyente tendría que aceptar.
En la modificación de la Ley de Hacienda efectuada por el congreso se señalan que para que puedan hacerse estos nuevos procedimientos se deberían emitir las reglas de carácter general por parte de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), mismas que no se han emitido para que puedan informarse los contribuyentes.
Agregó que la omisión por parte de los integrantes del Ayuntamiento es de no investigar y solicitar al Congreso las motivaciones y fundamentos por los que se modificó la propuesta que el Cabildo aprobó de las modificaciones a su Ley de Hacienda. Existen testimonios públicos de regidores que señalan que no estuvieron informados de dichos cambios
Por lo anterior, se denuncia la probable configuración de un uso indebido de los datos de los contribuyentes, por la aplicación de una plataforma particular como Eco’ox, a la que se da acceso mediante la página web del municipio misma que se encuentran en un servidor diferente y que se usa en los procedimiento para solicitar la información para generar los estados de cuenta.
“Esto es sumamente grave que viola la privacidad y la ley de los datos personales en posesión de un sujeto obligado, el cual debe garantizar el derecho a la protección de los datos personales y proteger los datos personales en su posesión”, expresó la ONG.
Asimismo solicitó la intervención de las autoridades judiciales que tienen la facultad de investigación del uso de las plataformas digitales, así como un dictamen de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (Canieti) para contar con su opinión sobre este grave asunto.
En cuanto a la modalidad que se pretende imponer de la “renta de contenedores inteligentes”, el Observatorio Legislativo insistió que es una propuesta ilegal que no tiene fundamento alguno, ya que no existe en la normatividad aplicable un concepto de arrendamiento de un bien mueble propiedad del municipio y muchos menos de un elemento que debe considerarse de servicio público, y que si así fuese se requiere de modificaciones a los reglamentos y la aprobación del cabildo para el arrendamiento. (Noticaribe)
