Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El órgano interno de control de la Secretaría de Agricultura investiga la ‘desaparición’ de casi 100 mil costales de semilla de maíz que debieron distribuirse a campesinos el año pasado.
La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que la diferencia entre el número de sacos comprados y los distribuidos podría constituir un faltante o daño patrimonial por 127 millones de pesos.
“Se desconoce dónde se encuentran 95 mil 965 sacos, cerca del 35 por ciento del total. Esto podría constituir un daño al erario por 127 millones de pesos, aproximadamente”, se lee en el documento presentado por la funcionaria.
Sandoval explicó que, en el 2019, se compraron 275 mil 200 sacos de maíz, pero sólo se entregaron 171 mil 200 sacos a los beneficiarios del programa de la Secretaría.
“Entonces hay un diferencial muy pronunciado que debe de aclararse y si no se aclara dónde quedó este diferencial de casos comprados y entregados, estaríamos hablando de un daño al erario por más de 127 millones de pesos, lo cual, además del monto es una inmoralidad muy grande porque son semillas que necesitaban los campesinos”, dijo.
A esas irregularidades se suman 91 millones de pesos de “contratos en exceso” que fueron pagados por la compra de fertilizantes.
La Secretaria explicó que, en la asignación de los contratos, hubo una deficiente investigación de mercado, ya que los estudios “no fueron los mejores” para identificar a los proveedores.
“En particular se descubrió en estas visitas de inspección que en dos contratos se excedieron los montos de compra previstos en la contratación, por alrededor de 91 millones de pesos”, aseveró.
En la indagatoria también se detectó que servidores públicos de alto nivel realizaron procesos deficientes en la adquisición de fertilizantes, debido a que una de las empresas a la que se adjudicó uno de los principales contratos no cumplió con lo establecido en las bases de licitación.
“Ello, evidentemente, implica una responsabilidad administrativa, ya que esto tenía que apegarse a las bases propias de la licitación”, señaló.
Sandoval informó que, para el periodo 2019, la SFP realizó 266 auditorías en recursos de Bienestar y Recursos Renovables, a 33 instituciones.
En ese marco, detalló, se aplicaron 27 actos de fiscalización a la Sader, que derivaron en 130 observaciones y en dos visitas de inspección a los programas de fertilizantes y semillas.
“Gracias a esto, estamos descubriendo, lamentablemente, algunas deficiencias en el programa y, en su momento pertinente, darán lugar al inicio de la asignación de responsabilidades administrativas por lo que desde ahora ya vemos como presuntas irregularidades”, agregó. (AGENCIA REFORMA)
