Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante el presupuesto que se destina para atender la pandemia y el que se utilizará para las acciones de recuperación económica, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción urgió la necesidad de integrar esquemas que permitan dar seguimiento a su aplicación y evitar actos de corrupción que acrecenten la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades.
El organismo afirmó que se requiere del escrutinio sin precedente, que no limiten las capacidades de gasto del estado durante la emergencia, pero que vigile muy de cerca la correcta aplicación de recursos cada vez más escasos.
Reconoció que el Sistema Nacional Anticorrupción será puesto a prueba, por lo que el comité de participación ciudadana estará trabajando con el comité coordinador del sistema para llevar la exigencia de la sociedad sobre el control y ejercicio de los recursos.
“La corrupción y la deshonestidad no necesitan de condiciones extraordinarias para manifestarse, pero durante estas ocasiones florece rápidamente llevándose a los más débiles y los más pobres en tiempos de emergencia no se deben escatimar recursos al Estado”, manifestó.
Afirmó que los abusos, la especulación y el acaparamiento deben ser detectados, perseguidos y castigados con todo el rigor de la ley y evitar la pérdida de la confianza ciudadana en el gobierno y sus instituciones debido a escándalos de corrupción, dispendio, negligencia e ineptitud.
El Comité de Participación Ciudadana propuso adoptar las recomendaciones de organizaciones internacionales para contrataciones públicas en estados de emergencia así como las directrices expuestas por la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores para la adopción de los procedimientos de auditoría y tener en cuenta el riesgo más elevado de fraude y corrupción en la fase de emergencia tras un desastre; asimismo crear sitios web de transparencia proactiva plena y oportuna que permiten a medios de comunicación y sociedad un seguimiento puntual de los recursos destinados y fondos extraordinarios así como su aplicación y destino acordes con el principio de transparencia irrestricta para preservar la esencial confianza del pueblo mexicano; trabajar en coordinación con organismos de la sociedad civil para una política pública de prevención de posibles actos de corrupción derivados de la contratación o asignación de bienes servicios y apoyos por parte de los gobiernos Estatal y federal en las cuales deberán priorizarse el diagnóstico de los fondos destinados a la emergencia sanitaria y los efectos económicos de la pandemia la transparencia y comunicación de la información y la exigencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades gubernamentales con relación al ejercicio de los recursos públicos de emergencia y desarrollar en el comité coordinador del Sistema Nacional anticorrupción un plan extraordinario para hacer frente a las necesidades de denuncia control y fiscalización de los recursos públicos de emergencia y una ventana al público que posibilite corroborar su pertinencia precio y calidad pasada la emergencia y establecer una política específica de fiscalización y auditoría en condiciones de pandemias o desastres naturales. (Noticaribe)
