El sector privado en su conjunto, desde los doce organismos representados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hasta la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, hace un llamado a revocar el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
La iniciativa privada asegura que dicho acuerdo, impuesto ilegalmente por la Secretaría de Energía (Sener), atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país.
La Sener publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin consulta previa en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), una nueva política que limita la participación de centrales de energías renovables del sector privado, bajo el argumento de salvaguardar y dar confiabilidad al sistema eléctrico nacional.
“(El acuerdo) representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”, señaló la máxima cúpula empresarial.
Ante la negativa de la Sener de someter a consulta pública el acuerdo pese a la recomendación del propio DOF, como El Financiero informó la semana pasada, el titular de la Conamer, César Emiliano Hernández Ochoa, presentó su renuncia el mismo viernes por la tarde.
La máxima cúpula empresarial hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias “irregulares” en las que se publicó el acuerdo, para “revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”, señaló el CCE.
Por separado, la Sener, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) defendieron la política, argumentando que la finalidad de las medidas es garantizar la operación del sistema eléctrico.
“No vulnera el Estado de derecho, porque no se cambian las leyes, sino que se mejoran las reglas de aplicación para proteger el interés general, a fin de que no se causen apagones generalizados, debido al descuido de las reglas básicas de operación y planificación del sistema eléctrico, ante la alta concentración regional de generación intermitente”, argumentó la CFE.
Al considerar que se atropellan los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional, el asunto llegará a los tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de los contratos ya establecidos, advirtieron la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y la Confederación Patronal de México (Coparmex).
Los organismos empresariales alertaron sobre amparos que ya comenzaron a reportarse y los cuales se extenderán hasta llegar a instancias de arbitraje nacional e internacional.
“Nuevamente es un mensaje contradictorio que en medio de la pandemia del coronavirus y justo cuando México debe generar certeza al interior y al exterior para buscar promover la inversión productiva en un tema tan relevante para las nuevas generaciones, se decide tomar una decisión que a todas luces solamente responde a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.
Al otorgar facultades extra legales a la Comisión Federal de Electricidad para la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “significa una plena vulneración del Estado de Derecho y el probable abuso de autoridad por parte de la SENER”, expone el organismo que representa al sector secundario nacional.
Dicho sindicato patronal manifestó que la publicación del acuerdo en el DOF constituye una acción ilegal de no ser reconsiderada por el Gobierno federal.
“Ahuyentará importantes inversiones en el país, al tiempo que ocasionará que los interesados acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano”, señaló. (Fuente: El Financiero)
