CHIAPAS, MX.- La Red de Madres de Víctimas de Feminicidio en Chiapas tomó de manera simbólica las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para respaldar las acciones de protesta de los diferentes colectivos de mujeres en la Ciudad de México y otros estados del país, publicó Proceso.
Las madres, hermanas, hijos y tías de las mujeres asesinadas en Chiapas, articuladas en esta Red, realizaron ese acto para denunciar la inacción de los organismos defensores de derechos humanos en Chiapas y en todo el país, lo que –subrayaron– los vuelve cómplices de los feminicidios y la impunidad que impera en el sistema judicial.
“El feminicidio no sólo mata a una mujer, sino a toda la familia. Y las omisiones de las autoridades seguirán matando a las demás mujeres”, soltó Helena Morales Jiménez, hija de María de los Remedios Jiménez y hermana de María Virginia Morales Jiménez, ambas víctimas de feminicidio, el 1 de julio de 2013.
Hoy, la Red de Familias Víctimas de Feminicidios en Chiapas, encabezada por las activistas Paulina Conde y Sele Domínguez, exigió la firme y decidida intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para coadyuvar en el esclarecimiento de todos los feminicidios documentados en el estado de Chiapas, aplicando los protocolos y tratados internaciones que México ha suscrito para tal fin.
“Pedimos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deje de ser un compinche de las autoridades estatales y nacionales. Que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial resuelvan los casos de feminicidios pendientes y que se deje de liberar a los feminicidas”, dijo Helena Morales Jiménez.
Protesta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Foto: Especial
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Al leer el pronunciamiento de la Red, manifestó que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia les han fallado a todas las familias.
“Fallan en la falta de debida diligencia en la integración de la carpeta de investigación, fallan al investigar, fallan al no recabar correctamente las pruebas, fallan al no desahogar técnicamente las audiencias y fallan al no aplicar los Protocolos que permitan identificar el contexto de violencia en el que nuestras hijas, madres y hermanas vivieron, y con ello se impide no sólo el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas, sino que se permite la liberación de los feminicidas y las consecuencias que esto conlleva”, abundó la joven.
Expuso que resulta gravoso que se tomen las vías legales para dejar en estado de indefensión “a las familias que somos sobrevivientes a la muerte de nuestras hijas, madres, mujeres, y que las autoridades nos dejen sin protección y justicia”.
Y la invisibilización de los feminicidios por parte de la Fiscalía General del Estado es evidente –subrayó– al calificar como homicidios o suicidios algunas muertes violentas, como ocurrió en los casos de Miryana Ivette Saldaña Castillo, en febrero de 2019; Dayra Ximena Cortez Antonio, en marzo de 2019, y Alejandra Guillermina Berriolope Orozco, dos meses después.
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En esos casos, como en muchos otros, sostuvo, no se aplicó el Protocolo Latinoamericano de Investigación de muertes Violentas de Mujeres por razones de Género/Feminicidios para analizar el contexto de consecuencia de la violencia previa sufrida por las mujeres.
Asimismo, indicó que muchas veces los suicidios son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, y los gobernantes disfrazan los feminicidios con el fin de minimizar las cifras, “pero nosotras tenemos otros datos”.
“Somos un grupo de madres, padres, hijas, hijos, hermanas, familia y amistades de mujeres y niñas que han sido asesinadas, quienes caminamos de la mano con activistas feministas y defensoras de derechos humanos, y acudimos a estas instalaciones en protesta ante la negligencia y omisión de las autoridades a nuestras peticiones, a la invisibilización de la violencia feminicida y la falta de actuación e intervención de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos”, leyó Helena Morales Jiménez.
La Red, dijo, respalda la ocupación de las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México, junto con todas las acciones en los diferentes estados de la República, y condenó “la represión sufrida por nuestras compañeras de Ecatepec”, Estado de México.
Además, demandó las renuncias de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, y del ombudsman chiapaneco Juan José Zepeda Bermídez, quienes –recalcaron– han demostrado una falta absoluta de conocimiento en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas de México y de Chiapas.
Finalmente, demandaron justicia por los feminicidios de Norma Cecilia López Alegría, Blanca Mayra de la Cruz López, Marcela Sánchez Girón, Viridians Flores Ramírez, Wendy Lizzet Ochoa Méndez, Maricarmen Escobar López, Brenda Orquídea Matuz Chacón,
Yuri Lisset Méndez Trejo, Karla Yesenia Gómez Velasco, María de los Remedios Jiménez y María Virginia Morales Jiménez.
También de Esveydi Consuelo Fernández Jiménez, María de la Luz Vázquez Jiménez, Dayra Ximena Cortez Antonio, Roxana Martínez Álvarez Presente, Miryana Ivette Saldaña Castillo y Alejandra Guillermina Berriolope Orozco. (Fuente: Proceso)
