TABASCO, MX.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) reportó observaciones “no solventadas” por 374 millones 95 mil 869 pesos en la revisión de las cuentas públicas 2019 de los tres poderes y los 17 ayuntamientos, información que fue entregada este miércoles a los diputados locales, publicó El Financiero.
De manera adicional también se entregó un informe especial sobre la cuenta 2018 del sistema DIF, cuando estuvo al frente Martha Lilia López Aguilera, esposa del exgobernador Arturo Núñez Jiménez. El resultado fue una observación de más de 54 millones de pesos.
Hay que recordar que en el año de cierre del sexenio nuñista se encontraron irregularidades por 5 mil 649 millones 315 mil 733 pesos lo que derivó, hasta ahora, en cuatro denuncias penales contra exfuncionarios y exalcaldes.
Alejandro Álvarez González, titular del OSFE, hizo entrega a las comisiones inspectoras de Hacienda I, II y III, de los informes técnicos de la cuenta pública 2019 y rindió un informe general sobre la revisión y auditorías a los tres poderes del estado, seis órganos autónomos y 17 municipios de la entidad.
Respecto a las cuentas del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los seis órganos autónomos, el fiscal desglosó un total pendiente que de ser solventado por 138 millones 559 mil 428 pesos.
De este monto, 121 millones corresponden a recursos que se entregaron a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) que hoy atraviesa una grave crisis financiera e incluso combate una multa fiscal de 600 millones de pesos.
Mencionó que a los municipios de Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, no pudieron comprobar más de 159 millones de pesos.
En el caso de Macuspana, cuyo alcalde Roberto Villalpando Arias y sus regidores renunciaron para dar paso a un Concejo Municipal, el monto pendiente de solventar fue el más alto al alcanzar los 48 millones de pesos.
Mientras que a los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso, no aclararon el destino de más de 77 millones de pesos.
Álvarez González dijo que corresponde a los diputados aprobar o reprobar las cuentas y destacó que se contará con 15 días hábiles para notificar a cada ente público, quienes, a su vez, tendrán 30 días hábiles para responder a las observaciones de sus cuentas públicas.
Al término del plazo, correrán otros 120 días hábiles para valorar lo que contesten.
Independientemente de ello, los legisladores tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para concluir con las inspecciones físicas y determinar si votan a favor o en contra. (Fuente: El Financiero)
