Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Integrantes del colectivo Marea Verde rechazaron la intención de que sea incorporada a la Ley de Educación de Quintana Roo el llamado PIN Parental que permitiría obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, y recabar su autorización explícita para que sus hijas e hijos menores de edad participen en dichas actividades.
Yunitzilin Rodríguez Pedraza, Ariadne Song Anguas y Sandra Cortés ofrecieron conferencia de prensa para fijar el posicionamiento respecto a la propuesta hecha por el diputado del PAN, Eduardo Martínez Arcila en su calidad de presidente de la comisión de Educación en la XVI Legislatura.
Manifestaron su preocupación por esa propuesta, sobre todo considerando que Quintana Roo es uno de los estados con mayores cifras de embarazo infantil y violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en el país, pedofilia, turismo de explotación sexual infantil y pornografía infantil, las cuales se han cuadruplicado durante la emergencia sanitaria por covid-19.
Consideraron que la propuesta del diputado Martínez Arcila violenta los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes y únicamente fue turnada a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la cual él preside, sin considerar en la discusión a otras comisiones relacionadas con el tema, como es la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Igualdad de Género,
Calificaron como un retroceso que se presente se presente en Quintana Roo una iniciativa que restrinja el derecho de niñas, niños y adolescentes a información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva que violenta el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de 1994, al cual está suscrito México y que expresamente señala que la educación sobre la salud sexual y reproductiva debe ser efectiva e iniciar en la escuela primaria y continuar a lo largo de todos los niveles de educación formal y no formal.
Las activistas pidieron a los diputados locales reconocer plenamente a las niñas, niños y adolescentes como sujetos y titulares de derechos humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, evitando imponer iniciativas de ley que son un evidente retroceso y que ponen en riesgo el interés superior de la niñez; tener congruencia entre el discurso que pretende combatir la creciente violencia sexual y el embarazo forzado, arraigados en el Estado contra niñas, niños y adolescentes, y a la vez restringir el acceso a información científica que permita prevenirles de ser violentados, la mayoría de las veces, ejercida en sus hogares por los padres o tutores quienes determinarán si es conveniente o no recibir tal información; abandonar esta iniciativa y dejar de lucrar políticamente con los derechos de niñas, niños y adolescentes; que las convocatorias de sesiones de comisiones que analizarán estas iniciativas sean publicadas de forma abierta, pública, transparente y en los tiempos que marca la ley que sean transmisiones públicas.
“En un estado con las cifras de violencia sexual donde los principales agresores son tutores y familiares negar la educación de la sexualidad a niños, niñas y adolescentes es negarles una herramienta de prevención y promover la impunidad de sus agresores”, enfatizaron.
Afirmaron que información y educación sexual sirve para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan detectar cuando son víctimas de acoso y de abuso sexual, y puedan prevenir los embarazos infantiles y adolescentes, así como las múltiples violencias a las que se enfrentan todos los días. La Educación Sexual Integral genera herramientas para que se alcance el objetivo en el respeto a la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación, además de ayudarles a expresar sus sentimientos y emociones.
El documento entregado al Congreso local está firmado por colectivos locales y nacionales. (Noticaribe)
