CANCÚN, MX.- Por lo menos cinco agrupaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales preparan los argumentos jurídicos para solicitar una auditoría a la empresa encargada de la recoja de la basura así como de las condiciones en las que se encuentra la concesión.
Agrupaciones como Cancún Observa, Wiki Política, Ciudadanos por la Transparencia, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) Quintana Roo y Cultura Cívica, trabajan en la propuesta “Al Mar de Basura, Auditoría Segura”, un exhorto de la Sociedad Civil sobre las acciones emergentes de la basura en el Municipio de Benito Juárez.
“#AltoAlMardeBasura #QueRindanCuentas”, refiere el documento en el que trabajan.
A su vez, el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, subraya que el tema del manejo de la basura en Cancún es complejo, que si bien fue acertada la decisión de intervenir la empresa, pero que es necesario acompañarla con jun juicio de lesividad que obtenga la nulidad del leonino contrato.
Aseveró que el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos en el municipio Benito Juárez es uno de los grandes problemas no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, sin que los alcaldes lo puedan resolver y al contrario, lo complican y “enredan” con decisiones poco claras y sin transparencia.
Galaviz Ibarra, señaló que hasta donde se sabe, se determinó que los costos de operación deben estar cubiertos por las empresas registradas en el padrón de contribuyentes municipales mediante un pago condicionado para obtener su licencia de funcionamiento.
En un comunicado, acusó que la administración de Mara Lezama Espinosa incluso le otorgó más plazo de vigencia (20 años) y le otorgó más atribuciones en las reglas de operación de Siresol (Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún), que ya se ha cuestionado porque “se le otorgan funciones de autoridad”.
“La realidad ha demostrado que es una empresa sin capacidad de proporcionar el servicio para el que se le otorgó la concesión; aun así se le dieron más recursos y atribuciones”, sostuvo el también ex regidor benitojuarense.
“En el presupuesto 2020 se autorizaron a Siresol 324 millones de pesos para operación, que básicamente es el pago por la recolecta que hace la concesionaria, y recientemente se le asignó una ampliación de casi 100 millones sin informar sobre el destino de esa asignación, acotó el ex funcionario.
“La responsabilidad de la empresa Siresol es la vigilancia de la operación de la concesionaria, y como se ha visto nunca ha presentado queja sobre el mal servicio que proporciona pese a los reclamos de los ciudadanos y las compañías y negocios que pagan el servicio en la ciudad.”
Eduardo Galaviz consideró que la situación es de emergencia por la contingencia generada por la falta de recolección, que inicialmente se intentó justificar por motivos del huracán Delta, cuando la realidad es que la empresa Intelligencia no tiene la capacidad de brindar el servicio; además, se complicó por el paro de labores de los empleados, que demandan el pago de sus sueldos y salarios.
La administración municipal, ante la inocultable emergencia ambiental y sanitaria que vive la ciudad, finalmente tomo la determinación de “intervenir a la concesionaria” y tomar la recolecta de residuos, pero sin organización y solicitando apoyo ciudadano para ¡no sacar más basura!, y pedir a las empresas pagar camiones para llevar sus residuos al relleno sanitario.
En ese sentido, Galaviz Ibarra se pregunta, “¿y lo que se pagó por el servicio para obtener la licencia de funcionamiento? Y es que cuando se cuestiona por qué no se retira la concesión nos dicen que implicaría un costo alto para el municipio y, por consiguiente, para los ciudadanos porque asumen que es un contrato ventajoso para la empresa, pero en dicho contrato se establecen diversas condicionantes”.
Por ejemplo, en la cláusula 2 del título de concesión dice que se debe cumplir con lo establecido en el convenio, como lo de la cláusula 3, que señala “contar con el equipo de recolección y transporte necesario para garantizar el cumplimiento, así como para garantizar su renovación y modernización conforme a los adelantos técnicos, lo que obviamente no se cumple.
Ante esa y otras situaciones irregulares en el servicio de recolección de basura en Benito Juárez, el Observatorio Legislativo solicita publicar en el Diario Oficial del municipio el acuerdo de cabildo para intervenir a la empresa porque aún no está publicado y es necesario para que sea considerado como un acto de autoridad.
“Saber si se cumplió con la fianza establecida en el título de concesión de 30 millones de peso —que la empresa perdería si se demuestran las irregularidades en las que habría incurrido—; también, conocer si se han hecho auditorias de la Contraloría municipal a la empresa Siresol y a la concesionaria.
“Se haga público el gasto de arrendamiento de vehículos para la recolecta de basura, los montos, empresas y particulares contratados, los costos por vehículo y horario de servicio, así como la remoción del titular de Siresol, quien evidentemente no cumplió con sus obligaciones de vigilancia y prevención afectando al ciudadano y la imagen de Cancún como destino mundial de turismo y sus 50 años de fundación”, concluyó Galaviz Ibarra. (Infoqroo)
