Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- De las familias homomaternales poco se habla y en Yucatán, menos, al estar conformadas por dos mujeres que deciden pasar sus vidas juntas y ser madres; la discriminación principal es por parte de sus propios familiares y del Estado, así que para contraer matrimonio, hasta ahora sólo se realiza vía amparo, aunque posterior a eso les continúan poniendo trabas para expedir las actas que comprueben tal compromiso y sucede lo mismo a la hora de registrar a sus hijas e hijos.
Karla Alpuche y Lorena Núñez, fueron las primeras mujeres que decidieron casarse en Yucatán y lo hicieron vía amparo y para ellas, más allá que demostrar su amor ante la sociedad, la parte complicada fue el momento de hacer los trámites legales.
En el año 2013 supieron que para contraer matrimonio tenían que proceder a amparo y lo obtuvieron con la asesoría de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) y la agrupación Indignación, promoción y defensa de los derechos humanos.
Su boda fue vía Registro Civil y las acompañaron amistades y pocos familiares, puesto que en su mayoría no aprobaron su relación. Aunque ambas mujeres reconocieron que la parte complicada fue hacer los trámites.
“Luego que nos casamos, no nos querían dar el acta de matrimonio; luego intentamos sacarla vía módulo como cualquier ciudadana o ciudadano y no, no aparecíamos en el registro y cada que preguntábamos, nos decían que el proceso no estaba listo”, indicó Karla.
También, cuando preguntaban, les respondían que para ellas no era necesario contar con el acta de matrimonio, sino que podían usar para trámites su acta de registro solamente, pero cuando abogadas y abogados supieron de su caso, las apoyaron para que exigieran su acta de matrimonio como cualquier otra persona.
Ante el rehúso de continuar con el trámite, la Suprema Corte de Justicia multó y exhortó al Registro Civil que llevaba este caso.
A la par, las mujeres recién casadas descubrieron también que en Yucatán se abrió un libro independiente para las personas del mismo sexo que contraían matrimonio, a diferencia que el resto de los matrimonios.
Cuando ellas decidieron ser madres, el proceso legal no dejó de ser engorroso tampoco.
Para procrear, optaron por un tratamiento de inseminación artificial y fue así cuando nació Carlos, pero a la hora de registrarlo, las trabas se presentaron de nueva cuenta y todo se debía a que el Estado se rehusaba a registrar a dos madres, porque a fuerzas exigían la existencia de un padre.
Uno de los requisitos que pidieron fue la prueba de ADN a una de ellas, pero se negaron porque no es algo que les pidan a las demás parejas al momento de registrar a sus hijas e hijos, lo cual se reducía a un acto de discriminación.
Esta negativa provocó solamente que se pusiera en riesgo la salud del menor, puesto que al no contar con un acta de nacimiento por más de seis meses, el servicio de Salud Pública se negaba a proporcionarle todas las vacunas, así que ellas asumieron el costo de todas, costando como mínimo dos mil pesos cada una.
Aunque ya ellas pasaron por estos retos que han superado, admiten que en Yucatán no han cambiado mucho las cosas desde 2013, pues el matrimonio igualitario sigue sin avalarse por el Congreso local.
Carlos, ha crecido como un niño sano y por fortuna en la escuela donde está no ha sufrido discriminación por tener dos mamis, él sabe bien que tiene una familia diferente, pero no menos sana ni amorosa.
Al respecto, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), dijo que al no haber una reforma en la legislación estatal que contemple otras realidades de familias, se seguirán presentando estos actos discriminatorios.
En Yucatán, si sus habitantes ven que no hay leyes que respalden los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero y Queers (LGBTQ+), se derivará entonces una relación de discriminación social, laboral, escolar y otras.
Cabe señalar que por parte de Unasse han asesorado a 27 parejas de mujeres que contrajeron matrimonio vía amparo y 10 registros de hijas/hijos de familias lesbomaternales. (Noticaribe)
