Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Integrantes de grupos provida realizaron lo que denominaron el “claxotón por la vida” y, mediante una caravana vehicular que rodeó el edificio del poder legislativo, manifestaron su rechazo a la intención de despenalizar el aborto en Quintana Roo y a la presión que ejercen integrantes de la Red Feminista Quintanarroense, al mantener tomadas las instalaciones del Congreso.
Además, reiteraron su petición de juicio político contra el ombudsman en Quintana Roo y rechazo a la intromisión del alto comisionado de derechos humanos de la ONU.
Gabriela Santana Duarte, de los grupos provida, afirmó que las integrantes de la RFQ no representan a la sociedad que se ha pronunciado en contra de la despenalización del aborto.
Por espacio de 120 minutos, los automovilistas dieron vueltas alrededor del edificio del Poder Legislativo en momentos que los diputados iniciaban el período ordinario de sesiones para, entre otros puntos, proponer, analizar y aprobar en su caso el nuevo calendario para la realización de foros de consulta ciudadana sobre el aborto.
Entre las exigencias de los grupos provida se encuentra el ser tomados en cuenta en las discusiones sobre el derecho a la vida, donde se escuchen las voces de expertos en medio del respeto y seguridad de los participantes; que si el grupo feminista tendrá acceso a las discusiones de las diferentes comisiones en el “desahogo, discusión y dictamen”, todos.
Los grupos pro vida que lo soliciten puedan de igual forma tener acceso a esa prerrogativa, pues no debiera ser privilegio de una parte sino de todos quienes tenemos interés sobre el asunto.
Pidieron a los legisladores insistir en el desalojo del edificio por parte de las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense “que abandonen su posición de fuerza”.
Asimismo, los grupos insistieron en la demanda de juicio político contra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos por su actuar parcial que vulnera a los habitantes de Quintana Roo y que puso en peligro a la democracia, a la seguridad de las personas y que vulneró el Estado de Derecho en la entidad.
Rechazaron la indebida intromisión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, ya que violenta el propio mandato de la ONU que le prohíbe a sus burócratas intervenir en materia soberana de los países miembros y de manera más grave aún en este caso, pues está avalando el secuestro físico de la sede del Poder Legislativo y con ello está promoviendo atentar contra la institucionalidad democrática y fomenta la toma ilegal y violenta de instituciones públicas.
Decidan acorde al interés mayoritario de la población y no se dejen ni chantajear ni intimida por grupos violentos ni por poderes. (Noticaribe)
