Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Durante el año 2020, fueron dos mil 679 solicitudes de intervención las que recibió la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), lo que implicaría que son un promedio de casi 8 llamados al día y son alrededor de 62 autoridades las que fueron señaladas como responsables de violar los derechos humanos de las personas y en este sentido, es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la que encabeza la lista.
Al rendir un informe de las actividades que realizó el organismo a lo largo del año pasado, el presidente Miguel Óscar Sabido Santana, señaló que de las denuncias que recibieron, al menos mil 45 fueron relacionados con hechos violatorios.
Durante el informe, mencionó que las voces violatorias están relacionadas en su mayoría con la prestación indebida de algún servicio, detenciones arbitrarias, lesiones, robos, amenazas, allanamiento de morada, violación a los derechos de la niñez, además de violación a la libertad de tránsito.
La lista de autoridades que recibieron mayor número de denuncias en relación a violaciones de derechos humanos son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Secretaría de Salud, además de los Ayuntamientos de Kanasín, Celestún, Mérida, Progreso y Valladolid
Tras las denuncias realizadas, la Codhey hizo una serie de 30 recomendaciones de las cuales 13 fueron dirigidas a la SSP y el mismo número para la Secretaría de Educación del Estado; y el resto se distribuyó entre el presidente municipal de Umán, Freddy Ruz Guzmán; el Cabildo de Izamal y la Fiscal General del Estado.
Del total de solicitudes de apoyo que recibió la Codhey, mil 367 fueron de la competencia de la Comisión y las restantes, mil 312 fueron orientadas a las instancias correspondientes.
Durante 2020, se dictaron también 202 medidas cautelares a un total de 58 autoridades, de las cuales 99 fueron aceptadas, 31 no fueron aceptadas y en 72 no se tuvo respuesta.
“Insistimos que la medida cautelar, es el recurso previsto en ley, para prevenir violaciones o restaurar a las personas la inmediata vigencia de sus derechos, y es responsabilidad de todas las autoridades allanarse de las mismas, por lo que los exhortamos a cumplirlas en sus términos”, precisó el presidente.
Además, fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado 12 denuncias por actos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posibles hechos delictivos.
También, 54 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados, desde una amonestación o una suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la baja definitiva del cargo. (Noticaribe)
