La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada propiedad del ex abogado de Emilio Lozoya Austin.
El 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a Pixkitec.
Solo dos meses después, el 29 de mayo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dio un contrato por 84 millones 482 mil pesos a Pixkitec, también por adjudicación directa.
El primer contrato, y el de mayor monto, fue asignado a los nueve meses de que fue creada la empresa.
Pixkitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la Colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Funtanet Alarcón. Funtanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien fue aprehendido en julio de 2020 acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.
En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa; uno de ellos era Funtanet Alarcón.
Según actas del Registro Público del Comercio, además de ser socio, Funtanet es presidente de la asamblea de Pixkitec, mientras que el secretario de la misma es Andrés Vázques del Mercado y Diego Casas Farías es el tesorero.
El equipo extrae información de celulares
El primer contrato celebrado en marzo de 2020 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Pixkitec tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la “Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.
Mientras que el segundo contrato, firmado entre la fiscalía de la Ciudad y la empresa tuvo como objeto un sistema de radiolocalización.
De acuerdo con las características técnicas del sistema vendido por Pixkitec a la fiscalía éste sistema, proveniente de Israel y Chipre, tiene la capacidad de “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”; además de poder ubicar la localización de los objetivos, interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.
Entre las cláusulas de los anexos de este contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización”. Además, en el mismo contrato se estipula que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.
El paquete de análisis vendido por la empresa de Funtanet a la fiscalía permite también “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos.
En su página web Pixkitec asegura que si bien no pueden especificar quienes son sus clientes por el carácter confidencial “a la fecha, se tienen en operación sistemas y plataformas en diferentes instituciones en México, así como diversas dependencias gubernamentales”
De acuerdo con el contrato, Pixkitec funge como distribuidor de la compañía Systemtech Sistemas Tecnológicos SA de CV, una empresa que ofrece productos y
servicios de infraestructura de seguridad. En los últimos dos años esta compañía ha obtenido contratos en el gobierno por la venta de uniformes para personal de seguridad.
El diario Reforma publicó en 2016 que previo al escape de El Chapo del Altiplano el Gobierno Federal le colocó un brazalete geolocalizador, mismo que estaba a cargo de la empresa Systemtech Sistemas Tecnológicos SA de CV, sin embargo, este nunca fue monitoreado por el Centro de Readaptación Social, la Policia Federal o el CISEN.
MCCI visitó el domicilio de Pixkitec ubicado al interior del estacionamiento de la Plaza Observatorio; en la oficina se encontraba una mujer quien dijo ese era únicamente la dirección fiscal donde se recibían papeles, pero que los empleados se encontraban en otra ubicación en Polanco.
El octavo piso de un edificio sobre la calle de Homero fue el siguiente domicilio que Pixkitec dio en su página web. Al llegar al inmueble iba saliendo Funtanet quien dijo que sí se encontraba ahí la empresa pero que no podía dar más detalles sobre el por qué se le habían dado los contratos por adjudicación directa a su empresa de reciente creación ya que había firmado un acuerdo de confidencialidad con el gobierno.
La Fiscalía afirma que el equipo es para investigar delitos
Cuestionada al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo en una tarjeta informativa que la compra a Pixkitec se realizó con total apego a la Ley y a las normas vigentes.
Además, dijo que el motivo de que se hiciera por adjudicación directa fue que el Artículo 54, fracción XIV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal indica que la compra se puede realizar por adjudicación si se trata de “armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad relacionado directamente con la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social” y añadió que Pixkitec ofertó el mejor precio disponible en el mercado.
Sobre el uso del equipo, la fiscalía aseguró que este “es utilizado para tareas de investigación llevadas a cabo por el agente del Ministerio Público, de acuerdo a sus facultades constitucionales, está normada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México también fue consultada al respecto a través de su departamento de comunicación social, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
