Por Rafael Briceño
OTHÓN P. BLANCO, MX. – La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, demandó al gobierno del Estado y al Poder Judicial por los delitos de daños patrimonial y moral, tras haber sido encarcelada por el delito de peculado del cual fue exonerada por instancias judiciales federales.
La demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa es contra la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, y los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, quienes, dijo, le causaron daño moral por la difusión mediática del caso que la mostraron culpable en todo momento sin que se hayan presentado notas cuando fue absuelta de toda culpabilidad.
Explicó que la intención es la reparación del daño económico y moral que le causaron a ella, a su hijo y a su familia y que el Estado se haga responsable de la actuación indebida de sus funcionarios.
González Cetina consideró que las acusaciones en su contra fueron cuestiones políticas y lamentó que los jueces se hayan prestado a estas acusaciones sin sustento que la vincularon a proceso por un presunto delito de peculado que la mantuvo encarcelada en el Cereso de Chetumal.
Los jueces del TSJ y la fiscal Anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo se prestaron a un juego político armado desde el inicio de la actual administración estatal o realmente fue falta de capacidad o de preparación, se cuestionó.
La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) afirmo que la frase “el que la hace, la paga” que acuñó la administración que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González para legitimarse se convirtió en una herramienta que causó daños a quienes pertenecieron a la pasada administración y quedaron estigmatizados.
Definitivamente la frase ‘el que la hace la paga’ pudiera ser legítima si la actuación de las autoridades hubiera sido apegada a la legalidad, pero en este caso no puede ser que el Poder Judicial local sea parte de un proceso indebido, enfatizó.
Consideró que no se puede mantener a funcionarios que no den la talla, que no respondan a los intereses de la sociedad y sólo respondan a intereses particulares.
Afirmó que la decisión de interponer la denuncia contra la Fiscal Anticorrupción y tres jueces del Poder Judicial es para sentar precedente y que los funcionarios respondan por su mala actuación “porque la sociedad no merecemos tener funcionarios que no estén alineados al bien de la sociedad”. (Noticaribe)
Comentarios en Facebook
