Por Saraí Reyes
CANCÚN, MX.- La petición dirigida al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en rechazo al decreto sobre proyectos y obras de seguridad nacional hecha en la plataforma chance.org está cerca de alcanzar las 25 mil firmas que se propuso.
La solicitud explica que el decreto presidencial viola los derechos humanos, promueve la corrupción y la opacidad y permite la destrucción del medio ambiente.
“Este acuerdo representa un acto de autoritarismo por parte de un Presidente en un México democrático”, refiere la petición.
El acuerdo declarado de interés público y seguridad nacional, así como la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Asimismo, instruye a las entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorización provisional a proyectos en un plazo máximo de cinco días hábiles y con una vigencia de doce meses. De no cumplirse con este plazo de tiempo, el decreto contempla que la autorización se considere resuelta en sentido positivo.
Este acuerdo, en palabras del propio Presidente, busca agilizar los proyectos prioritarios de este gobierno -incluidos el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, y el aeropuerto de Santa Lucía- los cuales se han demorado o detenido por atenerse a los procesos de normatividad vigente que han tardado años en desarrollarse.
“Las disposiciones provistas en este acuerdo son inconstitucionales, pues atentan contra la normatividad existente en materia de rendición de cuentas, protección del medio ambiente y derechos humanos, así como los derechos territoriales de algunas comunidades agrarias e indígenas. También, estas disposiciones van en contra del mismo principio del Presidente: “nada ni nadie por encima de la ley”, añade.
También refieren que estas disposiciones sorprenden y decepcionan considerando que una de las causas principales de este gobierno es combatir la corrupción. Declarar proyectos como de interés público y seguridad nacional limita de manera significativa la responsabilidad del gobierno de rendir cuentas. Algunas consecuencias que esto puede tener para la obras planteadas por el gobierno incluyen:
– La información relacionada con las megaobras y proyectos de este sexenio podría considerarse como información reservada directamente por la Administración Pública Federal (APF).
– La falta de participación de testigos sociales promoverá procesos poco transparentes, de exclusión y no participativos.
– Las obras podrán otorgarse por adjudicación directa, privilegiando la actuación de la autoridad fuera de la ley, en la opacidad y la discrecionalidad.
En resumen, por medio de este acuerdo, el Poder Ejecutivo Federal pretende desconocer los procesos contemplados en la legislación mexicanas para la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura.
“Esto viola los más esenciales derechos constitucionales que tenemos las y los mexicanos para saber en qué se están gastando recursos públicos, para proteger nuestros derechos humanos, y para cuidar nuestro medio ambiente”, afirma.
También refiere que esta petición llama al Presidente y al gobierno a reflexionar y echar para atrás este acuerdo. Las autorizaciones de proyectos y obras son procesos burocráticos y lentos, pero eso no justifica ignorar la legislación vigente que tantos años ha costado edificar para proteger a las y los ciudadanos contra actos unilaterales o autoritarios.
“El fin no justifica los medios, sobre todo si estos medios son acciones ilegales y autoritarias que nos afectan a todas y todos”, afirman. (Noticaribe)
