“NOS QUEDÓ A DEBER ESTE GOBIERNO”: Sin obras, disminución de inversiones e incumplimiento en los acuerdos para enfrentar la pandemia termina el sexenio de Carlos Joaquín, reprocha la CMIC

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Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A seis meses de terminar, la administración estatal queda a deberle a los constructores por el incumplimiento en las inversiones anunciadas, la atención de la demanda de empresas locales, pero sobre todo por la falta de corresponsabilidad para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Diego Cortés Arzola.

Con el argumento de la pandemia, el gobierno del Estado no cumplió y todos los avances obtenidos por los constructores en años anteriores no se lograron concretar en este sexenio, afirmó.

Señaló que el gobierno estatal quedó a deberle a los constructores locales que son los que responden en época de emergencia con la generación de empleos y mantienen la derrama económica.

Lamentó que, a pesar de la insistencia, no pudieron concretar reuniones con el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, quien siempre argumentó cuestiones de agenda, cuestiones por la pandemia, “nunca nos pudo recibir aún cuando fuimos los constructores quienes firmamos el acuerdo de corresponsabilidad para mantener las fuentes de empleo durante la pandemia”.

Lamentablemente no hubo esa corresponsabilidad que esperábamos porque una cosa fue lo que nos ofrecieron los voceros del gobierno del Estado y otra lo que cumplieron en los acuerdos firmados, subrayó.

El presidente de la CMIC Quintana Roo dijo que en este sexenio hubo cancelación de inversiones que, de no ser por el crédito de 820 millones de pesos solicitado por el gobernador al Congreso del Estado, no se pudieran estar realizando algunas obras al final del sexenio.

Dijo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) disminuyó el monto de inversiones hasta en un 40 por ciento en la cual no tuvieron participación las empresas locales.

En el caso del cobro del diezmo para que tuvieran acceso a las obras, Cortés Arzola aclaró que fue decisión de cada empresario aceptar o no dicha imposición sobre todo por las consecuencias que hay en cuanto a los riesgos de disminución de la calidad de obra además que se encuentran sujetos a las revisiones de las contralorías.

Lamentablemente este gobierno le queda a deber a los constructores, enfatizó. (Noticaribe)

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