Mikel Arriola y otros exfuncionarios de Cofepris se aliaron a Coca-Cola para diseñar un etiquetado favorable sin importarles daño a consumidores mexicanos

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CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Mikel Arriola y Álvaro Pérez Vega, excomisionados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y Patricio Caso, exdirector jurídico, fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incurrir en actos de contubernio con corporativos de Coca-Cola para diseñar un etiquetado en detrimento de la salud pública de los mexicanos, publicó SinEmbargo.

La organización El Poder del Consumidor fue la encargada de presentar las denuncias en las que se presume un conflicto de interés debido a las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016, altos miembros de la Cofepris, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de la empresa Coca-Cola.

La finalidad de estas reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), ampliamente criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. También, las comunicaciones reflejan que la Cofepris y Coca-Cola buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos que se habían sido presentados en 2014 y 2015 por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil contra la autoridad y la empresa.

El Poder del Consumidor recordó que desde 2011 la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola y se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la organización mundial de la salud el cual fue permitido por las autoridades.

Posteriormente, en 2014 y mediante un proceso opaco en el que se excluyó a sectores de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales y en desapego a la ley, la Cofepris al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado. Todo esto pese a que la propia OMS/OPS, organizaciones de la sociedad civil y la academia se opusieron.

Además, mediante solicitudes de acceso a la información, El Poder del Consumidor pidió información sobre la creación de este etiquetado, pero la Cofepris respondió que el etiquetado no había sido elaborado por un grupo de expertos, únicamente por dos abogados y una ingeniera. Una de estas personas fue Patricio Caso Prado, exfuncionario de la misma Comisión y que ahora trabaja para Coca-Cola.

Ante la opacidad de la autoridad y la ineficiencia del etiquetado, El Poder del Consumidor, diversos consumidores y otras asociaciones civiles interpusieron demandas de amparo en contra de la Cofepris, llamando al juicio a Coca-Cola y sus subsidiarias (Jugos del Valle).

A la par y derivado de dichos juicios de amparo, en 2020 se inició un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance (FLA), en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero. Así, un Juez en Atlanta de los Estados Unidos resolvió a favor esta petición y, mediante negociaciones con abogados de la empresa Coca-Cola Company, se obtuvieron diversos documentos, entre los cuales se encontraban comunicaciones que habían tenido altos miembros de la Cofepris con directivos de la empresa.

En los correos se expresaba que los miembros de la Cofepris entre 2013 y 2016 se habían reunido con el personal de Coca-Cola para dos temas. El primero, colaborar mutuamente en la elaboración del etiquetado GDA. El segundo, colaborar en una defensa sobre los litigios presentados por El Poder del Consumidor y otras organizaciones contra la Cofepris y Coca-Cola en las que se incluyen documentos con información para las pruebas periciales de los juicios y propuestas de reuniones entre funcionarios y personal de la refresquera.

“Estas interacciones, en las que el actuar de los servidores no es imparcial, sino que privilegia a un tercero, en este caso Coca-Cola, y en el que el interés de la institución, que debería ser la salud pública, es dejado de lado y se anteponen intereses particulares de una empresa; todas estas representan un conflicto de interés de los exfuncionarios de la Cofepris”, declaró Javier Zúñiga coordinador del área jurídica de El Poder del Consumidor.

Para obtener más información al respecto, El Poder del Consumidor interpuso los recursos correspondientes ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismos que fueron ganados sin que hasta el momento se hayan cumplido las resoluciones.

Debido al incumplimiento de los funcionarios actuales por no otorgar la información solicitada, así como por el conflicto de interés de los exfuncionarios de la Cofepris, se presentaron una serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. Algunos de los denunciados son Patricio Caso, Álvaro Pérez Vega y Mikel Arriola, entre otros. (Fuente: SinEmbargo)

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