Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Ante la falta de cumplimientos de los compromisos que se hicieron en las mesas de diálogo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y representantes de autoridades federales con ejidatarios, artesanos y guías de turistas, quienes pedían la destitución del director de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, amenazan con retomar el bloqueo de los accesos carreteros a la zona arqueológica.
Apenas el pasado 12 de enero, las y los manifestantes que denunciaban las acciones de Santos Ramírez, dieron tregua y levantaron el bloqueo de los accesos carreteros que conducían a la zona prehispánica.
Sin embargo, pusieron algunas condiciones entre las que incluían la destitución del director de la zona por el presunto abuso de poder que comete el director.
“Exigimos lo que hace falta. Exigimos que la Secretaría de Gobernación Federal nos dé el oficio de baja de la persona que pedimos que se destituyera. Ya les dimos tiempo suficiente y no nos han dado evidencia de su buena voluntad. Si en ocho días no retiran las demandas en nuestra contra y no cumplen con lo que prometieron, regresamos al bloqueo. Nosotros no estamos jugando”, indicó Arturo Ciau, representante de los ejidatarios.
A pesar de que reconocen que en otros temas han avanzado, la actitud de Santos Ramírez es la misma, por lo tanto, no pueden continuar trabajando de la misma manera.
“Este movimiento es de lucha social, no hay ningún partido político de por medio, así que estamos para exigir nuestros derechos”, agregó.
El bloque anterior tuvo una duración de 10 días aproximadamente y tras armar una mesa de diálogo, levantaron el bloqueo a los accesos carreteras y se llegó al acuerdo que antes del 18 de enero Santos Ramírez tendría que ser destituido.
A pesar del levantamiento del bloqueo, las denuncias en contra de Santos Ramírez fueron interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) y la Fiscalía General de la República (FGR) por violaciones a sus derechos humanos como pueblos indígenas, discriminación, abuso de poder, corrupción y otras irregularidades durante su gestión. (Noticaribe)
