Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Erik Pérez Loyo, el abogado defensor de los ocho habitantes de Sitilpech que fueron demandados por el Gobierno del Estado de Yucatán, describió que prepararán una estrategia de defensa, pero por ahora lo que han identificado es que en la demanda hay cinco testimonios de personas que hablan de la misma manera, lo que representaría una irregularidad en el expediente.
Tras sostener una primera audiencia en el Centro de Justicia en donde fueron citados los ocho manifestantes acusados del delito de obstrucción de las vías de comunicación en pandilla, Pérez Loyo indicó que entre diversas irregularidades identificaron una falta de lógica en la demanda interpuesta por la Dirección General de Infraestructura Carretera de Yucatán.
“Son señalamientos de personas que dicen que los vieron, pero son cinco personas que hablan de la misma manera. Nos llama la atención que se narren ciertos aspectos en el mismo orden y de la misma manera y desde un tema de psicología nadie puede declarar igualito”, señaló.
Pérez Loyo explicó en entrevista que el hecho que los vinculen no quiere decir que los llevarán a prisión de forma directa, sino que llevarán un proceso de defensa que tendrá una duración de uno a cuatro meses aproximadamente.
“Si se les vincula a proceso se analiza si se va a juicio oral o por una salida alterna como suspensión condicional del proceso, es decir, que se sometan a ciertas condiciones por seis meses, un año o hasta tres y si cumplen con las condiciones, cumplen su proceso sin generar antecedentes penales”, compartió.
Sin embargo, considera que los manifestantes tienen ventajas en sus pruebas, pues lo único que hacen es apropiarse de su libre derecho a manifestarse.
La audiencia que estaba programada para hoy se pospuso para el próximo 17 de marzo para que ambas partes presenten más pruebas.
El abogado defensor pidió a los ocho manifestantes que mantengan la calma, además que podrán seguirse manifestando en relación a la defensa de su territorio si así lo desean, pues el Gobierno del Estado no puede oponerse a este derecho.
“Vamos a plantearles estrategias de defensa, todo tiene solución y vamos a actuar conforme a derecho. Ustedes están en derecho de manifestarse y si es pacíficamente, las autoridades lo tienen que respetar y lo tienen que entender”, añadió.
Los ocho manifestantes fueron acompañados a la audiencia por más habitantes del pueblo y en esta ocasión prefirieron no dar entrevistas para no entorpecer el proceso que enfrentan.
Sin embargo, sus compañeras y compañeros consideran que esta es parte de la criminalización por parte del Gobierno del Estado, sobre todo para evitar que se sigan oponiendo a la defensa de su territorio y así la granja porcícola siga operando. (Noticaribe)
