Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Integrantes del Colectivo Iniciativa Sinaloa y familiares de víctimas de desaparición forzada acudieron al Poder Judicial para interponer un amparo en contra del Congreso del Estado por omisión legislativa, debido a que no han hecho la homologación correspondiente en relación a leyes federales en materia de Desaparición Forzada de Personas.
Afuera de los Juzgados de Distrito de Yucatán, Carmen Garnica Luna, titular de Incidencia y Vinculación de esta agrupación, puso como contexto que a partir de reportajes hechos por los periodistas mexicanos como Eduardo López y Claudia Arriaga se ha visibilizado la problemática de la desaparición forzada que también se registra en el territorio yucateco.
“Quizá no es un tema tan mencionado como en otros estados como en la Frontera Norte, pero existe una omisión legislativa, lo que hace que haya imposibilidad para que se resuelvan los casos, porque hay unos en los que no hay un debido proceso ni se hace seguimiento”, describió.
Esta es la segunda etapa de una iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado en agosto pasado, pero hasta ahora no hay avances en la materia.
Un caso de los que ha quedado pendiente es el de Wendy, una mujer originaria de Tekax que buscaba a su mamá desde hace 10 años y en las investigaciones no veía avances.
“Mi nombre es Wendy Durán, soy hija de la señora María Susana que desapareció. Ya sabemos en dónde está, qué pasó, pero simplemente no nos dan los resultados, me dijeron que iban a hacer pruebas de ADN, pero no hay resultados, me dijeron que me iban a volver a llamar y ya tiene seis meses y hasta hoy nadie me ha llamado. La desaparición tiene 10 años en Tekax”, compartió.
El caso de Wendy como el de muchos en Yucatán están en el olvido, ya que ella junto con activistas del Colectivo Iniciativa Sinaloa lograron identificar que su mamá denunció a un vecino que le robaba todo y después de eso, él la asesinó igual que a su hermana y las enterró en la misma parcela donde él trabajaba.
A pesar de que él confesó todos los detalles de los hechos, las autoridades locales concluyeron que él asumió la culpa en lugar de alguien más y entonces lo dejaron libre.
“Lo seguimos viendo en las calles y es algo que una no puede olvidar porque ahí le tenemos que ver la cara a cada rato, se burla de nosotros”, compartió.
Problemas como estos, consideran que deben ser tomamos en cuenta en Yucatán y darles seguimiento porque no son casos aislados.
Al respecto, Carmen comentó que los servidores públicos suelen seguir leyes que existen, entonces al no haber alguna normativa que indique las facultades de las dependencias en cuanto al tema de desapariciones de personas, no les dan seguimiento.
En estados como Tamaulipas, Sonora y Sinaloa ya existen leyes en materia de desaparición forzada de personas y estas leyes dan vida a otros organismos, unidades especializadas que dan seguimiento a los casos y pueden dar una respuesta efectiva a familiares, así que es lo mismo que piden aquí en Yucatán.
Sucede que en Yucatán al no existir leyes de este tipo, familiares de personas que desaparecen van a la primera comisaría que encuentran y a no contar con procedimientos adecuados, si corren con suerte, sólo les toman la denuncia, pero no pasa a más.
“Esperamos que exista mayor voluntad política para que se puedan aprobar este tipo de leyes y se pueda dar seguimiento para que los servidores públicos del Estado de Yucatán puedan cumplir con sus funciones y hacer que haya mayor seguridad y accesibilidad para que no tengan que estar sufriendo familiares estas problemáticas”, sostuvo la activista.
Con este amparo, esperan que el Poder Judicial pueda presionar al Congreso del Estado para que legisle en esta materia. (Noticaribe)
