Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Tras advertir que en el establecimiento de un nuevo marco legal para la operación y sistema de movilidad en el Estado sigue prevaleciendo intereses económicos que frenan una definición legal para beneficio de los usuarios, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo hizo un llamado a los integrantes de la Décimo Séptima legislatura a revisar a fondo la propuesta enviada por la gobernadora, Mara Lezama, y no aprobarla sin modificar ni una coma tal y como ha sucedido en las últimas iniciativas enviadas por el ejecutivo.
“Falta mucho para ser una Ley moderna y de innovación como se está publicitando, ya que a pesar del cambio de administración estatal, de propuestas y mesas de trabajo parece que todo el proceso trae la marca de la casa, el gatopardismo, mucha actividad, reuniones
diversas, difusión, cambio de conceptos pero en el fondo las propuestas siguen iguales,
mantener el sistema que ha venido construyendose y operando durante varios sexenios para beneficio de unos cuantos grupos”, afirmó a través de un comunicado.
El Observatorio Legislativo manifestó la extrañeza por el hecho que la iniciativa enviada por la gobernadora no se encuentra en los archivos de la sesión de ese día ni tampoco en la Gaceta Parlamentaria “lo cual genera dudas de si es la que se llegó a los acuerdos en las mesas de negociación entre las partes convocadas a establecer esos acuerdos”.
Mediante el análisis del borrador de la iniciativa enviada por Mara Lezama, el organismo puntualizó que se mantiene el principio de regular la actividad de los medios de movilidad del sector privado en la misma forma que los del sector público, sin entender que los transportes privados de uso comercial están dentro de otro contexto constitucional normativo; y los medios de transporte público al servicio del publico ahora están dentro de nuevos esquemas de mercado de oferta y demanda y no solo del modelo de uso concesionado y en la iniciativa a uno se le requiere una concesión y a la otra le denomina permiso de operación.
Dijo que no se observa piso parejo normativo entre las concesiones y los permisos, ya que a las plataformas digitales se les condiciona a que el propietario del vehículo sea quién opere la unidad mientras que los concesionarios no.
Además, los propietarios de las unidades de operación en plataforma digital solo pueden tener una unidad en tanto que las concesiones de unidades de taxis son frecuentemente flotillas propiedad de personas e incluso de funcionarios y ex funcionarios públicos.
En el caso del taxímetro establece un período de dos años para su aplicación una vez pasado el proceso electoral.
El Observatorio Legislativo consideró que hay varios artículos dentro de la propuesta de la gobernadora violatorios a principios constitucionales de manera específica el artículo 150 bis que establece que los vehículos utilizados por plataformas digitales deberán tener su geolocalizador conectado en tiempo real con el C5, “algo que puede ser violatorio de los
derechos de privacidad y de derechos humanos. Quizá debería de aclararse que sólo en caso de algún incidente del conductor o del pasajero, al funcionar el botón de pánico éste se debe de conectar al sistema de seguridad”.
Aunque en los taxis esta obligatoriedad no aplica a pesar de que en ellos han sucedido numerosos incidentes de inseguridad y afectación a usuarios y a conductores, puntualizó.
El Observatorio Legislativo dejó sentado que, de aprobarse la iniciativa enviada por la gobernadora tal y como se encuentra redactada, “mas adelante volveremos a ver recursos jurídicos de parte de los diferentes actores involucrados en el sistema de transporte e incluso ciudadanos que vean la posibilidad de que se vean afectados sus derechos”.
Insistió el Observatorio Legislativo que los diputados deben analizar a fondo la iniciativa enviada por la gobernadora “y no pasarla sin modificar una sola coma como se esta haciendo costumbre en las iniciativas que envía el Ejecutivo”. (Noticaribe)
