Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Tras confirmar que sigue vigente la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la afectación jurídica al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la magistrada Verónica Acacio Trujillo estimó que el tema sea resuelto entre tres y seis meses por la instancia federal.
Explicó que la reducción de 11 millones de pesos aprobado por la Décimo Séptima legislatura afecta las áreas de capacitación, impartición de cursos y maestrías y el fortalecimiento de la escuela judicial, entre otras actividades.
Esta reducción afecta no sólo el capítulo mil sino el cinco mil y debemos encontrar los mecanismos de cooperación y coordinación ya que tenemos pendiente el tema de los juzgados laborales y el juzgado especializado en atención de violencia contra la mujer, subrayó.
Acacio Trujillo manifestó su confianza en que en un plazo de entre tres y seis meses la SCJN resuelva la controversia constitucional interpuesta por la afectación jurídica al poder judicial.
Cabe recordar que, con el propósito que el Poder Judicial obtenga recursos tras el recorte presupuestal, la Décimo Séptima legislatura aprobó una iniciativa mediante la cual faculta al poder judicial la posibilidad de invertir el patrimonio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia en títulos, valores o inversiones de renta fija y a un plazo determinado, permitiendo con ello optar por inversiones que generen un mayor rendimiento estableciendo como limitante que dichas inversiones no puedan ser a tasa variable ni con fines especulativos.
Este Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la iniciativa de reforma, es un instrumento mediante el cual se administran las multas, fianzas y cauciones que las autoridades judiciales hagan efectivas, depósitos en efectivo para garantizar la reparación del daño, consignaciones en efectivo y otros depósitos que realicen las partes ante los órganos judiciales, así como el producto de los artículos materia de un delito que no sean reclamados por sus legítimos propietarios.
Al respecto, la magistrada del TSJ aclaró desconocer los monos qué s e invertirán en estos instrumentos financieros. (Noticaribe)
