Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En sesión de Congreso, el día de hoy después de tener en ‘la congeladora’ la propuesta, Yucatán alinea su Código Penal con mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el aborto sea legal en la entidad. Con esta decisión, la interrupción del embarazo ya no será penalizado antes de las 12 semanas.

Con 22 votos a favor y 13 en contra, el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública, y de Salud y Seguridad Social, en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, fue modificado, tal como manda la SCJN.

Con estas modificaciones se permite el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes hasta las 12 semanas y se establece con claridad el tipo penal de aborto forzado y se aumentan las penas para este delito pasando de 3 a 8 años, a 5 y 10 años de prisión; y en el caso del aborto forzado con violencia pasando de 6 a 9 años, a 9 y 15 años de prisión.

Sin embargo, a pesar del logro, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en su mayoría abogaba por proteger la vida desde la concepción.

Con esta oposición, las y los legisladores panistas desobedecieron a las resoluciones por la Suprema Corte, en este sentido, las personas que asistieron al Congreso del Estado para ser vigilantes de la toma de decisiones, gritaron “desacato”.

Incluso, la diputada panista María Teresa Boehm Calero sí declaró que estaba a favor de proteger la vida.

A favor, se manifestó la diputada morenista Clara Paola Rosales Montiel: “Bajo el contexto de si una mujer aborta por razones de salud o por estar en peligro su vida o en situaciones en las que se considera que la gestación representa un grave riesgo para su bienestar, el acto no se debe de tratar como un homicidio”, dijo.

De igual manera, la diputada Larissa Acosta Escalante (MC) explicó que se somete a votación un dictamen que actualiza el marco legal conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que al penalizar el aborto voluntario es un acto inconstitucional.

“No voto a favor desde una ideología, lo hago con la convicción de que todo embarazo debe ser un proceso digno que garantice el Estado. Voto a favor porque no quiero que ninguna persona tenga que enfrentar sola una decisión así de difícil, marcada por la violencia, la pobreza o el abandono del Estado”, dijo. (Noticaribe)

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