Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Debido a que el cabildo de Benito Juárez, que encabeza la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, no tomó en cuenta la participación ciudadana ni garantizó el acceso a la información medio ambiental de la población, la jueza Angélica Orduño dejó insubsistente el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2022 del centro de población Cancún y ordenó realizar de nueva cuenta todo el procedimiento de elaboración de dicho documento atendiendo las observaciones hechas por la instancia judicial federal.
A través de sus redes sociales, la organización por la Defensa de un Medio Ambiente Sano (DMAS) afirmó que la autoridad judicial federal otorgó a los cancunenses “una sentencia completa, estudiada y actual como lo hizo en la defensa de Playa Delfines en 2024 en favor de los cancunenses ahora invalidando ese Programa de Desarrollo Urbano fraudulento de 2022”.
Afirmaron que la sentencia de la jueza reconoce el interés legítimo, la reversión de la carga de la prueba y la importancia de la participación ciudadana en la planeación urbana y pone en claro los pasos (que debe cumplir la autoridad municipal de Benito Juárez) para cumplir su sentencia.
De acuerdo con el documento de la sentencia respecto al amparo interpuesto por los ciudadanos, el ayuntamiento de Benito Juárez debe garantizar el derecho a la participación ciudadana y acceso a la información medio ambiental de la población de Benito Juárez “debiendo garantizar el acceso a la ciudadanía de los documentos que analizará el cabildo para su aprobación y motivando los comentarios y aportaciones que se incluyan en el PDU que resulte más aun cuando se pretenda la generación de polígonos de actuación que podrían modificar los usos de suelo o incorporar los mecanismos de gestión económica a manera de compensación”.
En forma detallada, la sentencia ordena al ayuntamiento de Benito Juárez realizar desde la etapa inicial el proceso de elaboración del PDU, permitir el acceso a la información en forma oportuna, clara y comprensible; asegurar la posibilidad real de la población de Benito Juárez de participar en su elaboración y aprobación; asegurar la participación de medios adecuados de los diferentes intereses presentes en el territorio en que podrá aplicarse el PDU.
Además, ordena promover el aprendizaje entre las partes involucradas y se valore el conocimiento local y realizar acciones específicas que permitan la participación de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad o tradicionalmente subrepresentados en la toma de decisiones. (Noticaribe)
