Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en Quintana Roo aunado a la incertidumbre económica internacional y la aplicación de nuevos cobros para el acceso a zonas arqueológicas en el país, el director del INAH Quintana Roo, Margarito Molina Rendon, advirtió el riesgo de una disminución de turistas en la entidad.
Hay preocupación por los efectos de factores diversos que afectan la imagen de Quintana Roo como entidad turística ya que, de entrada, el turismo queda impactado por temas de violencia aunado al pago que deben realizar para el acceso a las zonas arqueológicas, señaló.
Dijo que la incertidumbre económica internacional, las condiciones europeas, los aranceles anunciados por el gobierno de los Estados Unidos y el anuncio de nuevos precios para el acceso a las zonas arqueológicas desalienta el interés del turismo.
Molina Rendón aclaró que, en el caso de la zona arqueológica de Tulum, nunca se habló de evitar el cobro de acceso ya que desde la creación del Parque del Jaguar se aplica el cobro por el grupo Mundo Maya que depende de la Secretaría de la Defensa, además de lo que aplica la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conamp) y el INAH.
La suma de todos estos pagos ocasiona que se vuelva un tema complicado el acceso a la zona arqueológica, indicó.
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— Noticaribe (@Noticaribe) February 3, 2026
En el caso de la zona arqueológica de Chacchoben, puntualizó que ahí es el turista quien debe pagar lo que establece la Ley de ingresos del INAH además de siete dólares que cobran los ejidatarios que mantienen su propia caseta de cobro.
Recordó que desde el 2001, con la creación de Mahahual, empresarios navieros buscaron ofrecer alternativas de diversión a los turistas que llegaban a la zona y mediante acuerdos con las autoridades gubernamentales y del ejido contemplaron la zona de Chacchoben.
A lo largo del tiempo se han firmado convenios que han ido cambiado por acuerdo de tour operadores con las autoridades de gobierno y ejidatarios “pero las zonas arqueológicas son patrimonio de la nación y no propiedad social, ya lo dijo la presidenta, acotó.
Dijo que el gobierno del estado ha buscado negociar con los ejidatarios por el cobro de los siete dólares sin que hasta el momento se hayan tenido resultados para su eliminación. (Noticaribe)
