Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— El acelerado crecimiento del número de motocicletas en Yucatán ha transformado la movilidad en el estado, pero también ha venido acompañado de un incremento sostenido en los accidentes viales y las muertes relacionadas con este tipo de vehículos, un contexto que hoy enmarca la inconformidad social registrada en la comisaría de Kimbilá, donde habitantes protestaron contra la aplicación inmediata del uso obligatorio de cascos.
Datos compartidos por el ingeniero en tránsito René Flores Ayora indican que el parque vehicular de motocicletas en la entidad pasó de alrededor de 96 mil unidades en 2011 a más de 303 mil en 2025, lo que representa prácticamente el triple en poco más de una década, con un crecimiento promedio cercano a las 15 mil motocicletas por año.
Este aumento ha convertido a la motocicleta en un medio de transporte cotidiano para miles de personas, debido a su bajo costo y facilidad de desplazamiento. Sin embargo, las cifras de siniestralidad muestran un panorama preocupante: mientras a inicios de la década pasada las muertes anuales de motociclistas no alcanzaban el centenar, en 2025 se registraron 276 fallecimientos.
En conjunto, entre 2011 y 2025 se contabilizan 2,079 personas fallecidas en accidentes viales relacionados con motocicletas en Yucatán, de acuerdo con los registros presentados por especialistas en seguridad vial.
Ante este escenario, expertos insisten en que el uso adecuado de casco certificado, junto con equipo de protección, el respeto a los límites de velocidad y a las normas de tránsito, son medidas clave para reducir el número de víctimas y frenar la tendencia al alza.
Inconformidad social en comisaría
Es en este contexto que habitantes de la comisaría de Kimbilá, perteneciente al municipio de Izamal, realizaron una protesta este fin de semana en rechazo a la aplicación inmediata del uso obligatorio de casco para motociclistas, medida implementada por el Ayuntamiento.
Las y los manifestantes señalaron que los operativos de tránsito comenzaron de manera repentina, con advertencias de posibles sanciones, sin campañas previas de información ni procesos de diálogo comunitario, lo que generó inconformidad entre personas que utilizan la motocicleta como principal medio de transporte para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.
También denunciaron que la disposición no estuvo acompañada de estudios viales, ni de mejoras en la infraestructura local, como calles en mal estado, falta de señalización y deficiencias en el alumbrado público, condiciones que consideran prioritarias para garantizar la seguridad vial.
Durante la movilización, algunas personas expresaron que la imposición de la medida desconoce la realidad social y económica de las comisarías, donde muchas familias no cuentan con recursos inmediatos para adquirir equipo de protección.
Las y los inconformes pidieron al Ayuntamiento de Izamal, encabezado por la alcaldesa Melissa Puga Rodríguez, abrir un proceso de diálogo con la comunidad, suspender sanciones mientras se informa adecuadamente a la población y realizar estudios técnicos que respalden cualquier disposición en materia de tránsito.
Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento no había emitido una postura pública sobre las protestas ni sobre una posible revisión de la medida en la comisaría de Kimbilá. (Noticaribe)
