Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Consejos comunitarios y órganos de autogobierno de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chí y Sisal anunciaron una movilización en defensa del territorio que se realizará el próximo sábado 21 de marzo a las 15:00 horas, partiendo del Remate del Paseo de Montejo hacia el Palacio de Gobierno.
Durante una conferencia de prensa, autoridades comunitarias y representantes de consejos denunciaron afectaciones provocadas por desarrollos inmobiliarios, granjas avícolas y porcícolas, así como intentos de despojo de tierras mayas.
Los comisarios municipales de Dzitnup y Santa María Chí, Baldomero Poot y Wilberth Nahuat, convocaron a la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos originarios a sumarse a la protesta para exigir la restitución de tierras y el cese de proyectos que, aseguran, vulneran sus derechos colectivos.
Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, denunció que la empresa avícola Crío ha intentado negociar fuera de los cauces legales tras enfrentar procesos jurídicos promovidos por la comunidad.
“Por la vía legal saben que van a perder y ahora buscan negociar en lo oscurito, todo el cochinero ha estado saliendo a la luz. No nos prestamos a eso, nuestra dignidad no está en venta”, afirmó.
Recordó que el pasado 15 de febrero el comisario ejidal José A. Borges Chi intentó impulsar la creación de una empresa inmobiliaria que concentraría la propiedad de tierras del ejido de Kinchil, cediendo el control a un grupo de abogados encabezados por Carlos Cruz. Sin embargo, mujeres defensoras del territorio y habitantes del municipio frenaron la propuesta.
“No tenemos miedo. No nos vendemos ni queremos dinero, queremos que Tzemé esté libre”.
Durante la conferencia también se recordó la lucha histórica de Felipa Poot, asesinada hace 90 años por defender su territorio. “Su ejemplo sigue vigente”, expresó Modesta Canul, del Consejo Comunitario de Kinchil.
Ixil: rechazo a expansión urbana
Concepción Chan, tesorera del comisariado ejidal de Ixil, denunció invasiones al territorio provenientes de desarrollos inmobiliarios asentados en Chicxulub Pueblo y anunció acciones legales para detenerlas.
Destacó que Ixil logró no ser incluido en la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) gracias a la determinación comunitaria y los recursos legales promovidos por la propia población.
“Somos mayas defendiendo lo que nos pertenece”, afirmó al convocar a la marcha.
Fernando Nahuat López informó que el próximo 30 de abril la empresa porcícola San Gerardo deberá retirar al último animal de sus instalaciones, en cumplimiento de una orden emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en octubre de 2025.
No obstante, expresó preocupación por el manejo de residuos y el desmantelamiento de la infraestructura, ya que la empresa no ha informado cómo realizará estos procesos.
El comisario Wilberth Nahuat señaló que, aunque la clausura representa un avance, continuarán los amparos y acciones legales. Denunció además que inmobiliarias continúan devastando montes en la comisaría, mientras a ejidatarios se les limita la parcelación.
También cuestionó la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), al señalar que su presencia en Santa María Chí ha sido nula pese a referirse públicamente a la lucha de la comunidad.
Desde Dzitnup, Manuel Rafael Moo Poot recordó que, tras 20 años de expropiación, la comunidad recuperó la administración de los cenotes Xkekén y Samulá.
A cinco meses de asumir el control, afirmó que se han logrado mejoras visibles como el techado de una escuela, instalación de alumbrado público y apoyos directos a la población.
Manuel Israel Góngora Pat destacó que los ingresos generados ahora permanecen en la comunidad y fomentan el empleo local, reduciendo la migración hacia destinos turísticos como Playa del Carmen o Tulum.
Caso Ciudad Maderas
El ambientalista Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, informó que el pasado 11 de febrero el Juzgado Tercero de Distrito levantó la suspensión definitiva contra el desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas, a cambio del pago de más de 27 millones de pesos.
La resolución fue impugnada, al considerar que se ha acreditado deforestación ilegal y la ejecución de obras no autorizadas.
Las comunidades reiteraron que la movilización del 21 de marzo busca visibilizar una defensa integral del territorio maya frente a proyectos que señalan, priorizan intereses empresariales por encima de los derechos colectivos. (Noticaribe)
