Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Colectivos mayas de Chablekal, Kinchil, Chapab e Ixil, acompañados por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Taller Agrario, informaron avances y obstáculos en distintos procesos legales emprendidos para la defensa del territorio maya frente a presuntos actos de despojo, deforestación y afectaciones socioambientales.
En un posicionamiento conjunto, las comunidades señalaron omisiones de autoridades ambientales, dilaciones en tribunales agrarios y la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantice su derecho a la consulta.
La Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal denunció que, a casi un año de la deforestación del monte de Misnebalam, territorio que aseguran está en su posesión material y formal, no existen avances sustanciales en las investigaciones presentadas ante la Profepa y el INAH.
Según indicaron, ambas instancias no han determinado responsabilidades por el daño ambiental ni por la posible afectación al patrimonio arqueológico.
Ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA 34) promovieron un incidente por incumplimiento de medidas precautorias contra el Comisariado Ejidal, por no respetar la posesión del territorio. Aunque recientemente un actuario acudió al sitio para constatar la deforestación, hasta ahora el tribunal no ha decretado la violación de dichas medidas.
Los pobladores exigieron que las autoridades ambientales “no solo coloquen sellos”, sino que concluyan las investigaciones y sancionen a los responsables.
Kinchil: 13 años de disputa contra empresa porcícola
En Kinchil, integrantes del colectivo Cantukún y del Consejo Maya del Poniente Chikin Ja señalaron que desde hace 13 años enfrentan un proceso legal contra la empresa Grupo Porcícola Mexicano, a la que acusan de haberse adjudicado de manera ilegal tierras donde realizan actividades de subsistencia como la apicultura.
Explicaron que la demanda agraria ha enfrentado múltiples obstáculos y que el propio Tribunal Agrario se ha negado a analizar los impactos socioambientales derivados de la instalación de naves porcícolas en el territorio en disputa.
Además, acusaron que el tribunal integró derechos a favor de la empresa respecto de demandados no localizados, lo que, afirmaron, vulnera normas procesales y pone en riesgo el análisis integral del presunto despojo.
Los colectivos demandaron que el tribunal no limite el análisis al ámbito agrario, sino que también garantice la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población maya.
En Chapab y Kinchil, los colectivos impugnaron la Norma Técnica Ambiental NTA-SDS-001, emitida en 2022 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal, que regula la operación de granjas porcícolas en Yucatán.
Las comunidades argumentan que la norma fue publicada sin consulta previa a los pueblos indígenas y que tampoco obliga a las empresas a realizar consultas antes de instalarse en territorios mayas.
Aunque un juzgado federal declaró improcedente el amparo promovido por las comunidades, la SCJN atrajo el caso a finales del año pasado y lo turnó a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, por lo que será el máximo tribunal quien determine si el gobierno estatal debió consultar a las comunidades.
Los colectivos anunciaron que acudirán a la Ciudad de México para solicitar audiencia con ministros y ministras, a fin de exponer sus argumentos.
Ixil: juicio por más de 5 mil hectáreas avanza tras declaratoria en rebeldía
En Ixil, comuneros y ejidatarios informaron que, tras dos años de retrasos, finalmente se logró iniciar un juicio agrario contra un acta de asamblea que, aseguran, privatiza más de cinco mil hectáreas de uso común.
Señalaron que el proceso fue obstaculizado reiteradamente por el Comisariado Ejidal, quien cambió de abogado en diversas ocasiones y dejó de asistir a audiencias. El TUA 34 declaró al comisario “en rebeldía”, lo que permitió la apertura formal del juicio.
Asimismo, informaron que el tribunal solicitó a la Fiscalía General de la República investigar la presunta falsificación de sellos en documentos presentados para justificar inasistencias.
Los comuneros también señalaron a la Fundación Yansa y a su director, Sergio Oceransky Losana, de acompañar al comisariado en el proceso y de incurrir en acciones que, afirmaron, han obstaculizado el avance del juicio.
Las organizaciones firmantes reiteraron que la defensa del territorio maya no solo implica disputas agrarias, sino la protección integral de derechos colectivos frente a intereses empresariales e inmobiliarios en la Península.
El pronunciamiento fue suscrito por la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal, el Colectivo Cantukún, el Consejo Maya del Poniente Chikin Ja, Kanan Luum Moo Chapab, Kanan Derechos Humanos y Taller Agrario. (Noticaribe)
