Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Integrantes de 17 comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, respaldadas por más de 17 mil firmas ciudadanas, hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que deseche el proyecto de sentencia que propone devolver a un juzgado el caso de contaminación por plaguicidas en su territorio y, en cambio, resuelva de fondo la problemática.
El pronunciamiento surge ante el proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos González, que plantea regresar el expediente al Juzgado Primero de Distrito en Campeche para reponer el procedimiento, en lugar de que el máximo tribunal emita una resolución directa sobre las violaciones denunciadas. Las comunidades consideran que esta propuesta representa un retroceso en su búsqueda de justicia, la cual mantienen desde hace seis años.
De acuerdo con las y los denunciantes, la devolución del caso prolongaría la atención a una situación que califican como grave, relacionada con la contaminación del agua por plaguicidas altamente peligrosos, así como con riesgos a la salud y al medio ambiente en la región.
El origen del litigio se remonta a 2020, cuando las comunidades promovieron un amparo por omisiones de autoridades en el monitoreo de la calidad del agua, la autorización de agroquímicos peligrosos sin control y la falta de información sobre la presencia de residuos en el acuífero y en pozos de consumo humano.
Diversos estudios citados en el expediente han documentado la presencia de plaguicidas en el acuífero de la Península de Yucatán, así como en agua potable, embotellada e incluso en muestras biológicas de habitantes, lo que, aseguran, evidencia una afectación directa a su salud e integridad.
Pese a ello, el juzgado de origen negó el amparo al considerar que las pruebas no eran idóneas, decisión que, según las comunidades, ignoró principios del derecho ambiental y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
En mayo de 2025, la SCJN atrajo el caso por su relevancia en materia de derecho al agua, medio ambiente sano y derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el nuevo proyecto de sentencia evitaría pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que ha generado preocupación entre las comunidades afectadas.
Ante este escenario, las y los habitantes de Hopelchén reiteraron su exigencia a la Corte para que emita una resolución de fondo que incluya acciones urgentes, como la generación de información sobre la contaminación del acuífero, la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, la implementación de programas de remediación ambiental y el fortalecimiento de la vigilancia en su uso.
Advirtieron que la decisión de la SCJN podría sentar un precedente clave en la justicia ambiental en México, particularmente en la protección de comunidades indígenas frente a riesgos ambientales y sanitarios. (Noticaribe)
